Roberto Pérez Betancourt
Este 12 de septiembre se cumplen 13 años de cinco injusticias inéditas en la historia procesal de Estados Unidos contra cinco seres humanos, y contra el mismo pueblo de ese país, al que le han negado conocer los detalles verídicos de este gran escándalo de opresión política.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, cinco jóvenes cubanos, fueron detenidos en la ciudad de Miami en la madrugada de aquel sábado de 1998 y enviados a cárceles de castigo. Se iniciaba así la historia premeditada de prevaricación y ensañamiento.
El delito imputado, reconocido por fiscales y jueces, era el haber captado y transmitido a Cuba información sobre las actividades criminales que desde hace medio siglo grupos terroristas de origen cubano asentados en Miami ejecutan contra la Isla, incluso dentro de los propios Estados Unidos y en otras naciones, como se expone en La historia no contada de Los Cinco.
Desde la radicación misma del proceso se evidenció la intención deliberada del gobierno de impedir que la verdadera justicia aflorara.
La necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los criminales, quienes gozan de total impunidad en EE.UU., fue obviada y refutada por quienes debieran de haber defendido la ley de su propio país.
Esa ley precisa que si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier penalidad, porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.
A este derecho de necesidad han acudido recurrentemente los propios gobiernos estadounidenses para instrumentar las peculiaridades de su lucha “antiterrorista”, incluidas guerras de agresión contra otros países. Pero en el caso de Cuba se le ha negado el simple derecho de informarse sobre cómo, cuando y dónde será agredido su pueblo.
El caso sigue presentando los más atractivos detalles para una historia formidable en la prensa norteamericana, incluso para un serial de televisión de costa a costa, basado en sucesos reales, como gusta apuntar a los realizadores para subrayar el carácter verídico de la narración.
A pesar de esa realidad, solo en Miami el caso de los Cinco recibió gran publicidad parcializada, conforme a la influencia de los grupos terroristas, en abierta confabulación con las propias autoridades norteamericanas, mientras los detenidos permanecían durante 17 meses aislados en “el hueco” de sus prisiones.
Fuera de esa localidad, desde el principio la gran prensa se plegó a las manipulaciones políticas oficiales y ha desconocido la historia, con lo cual ha faltado al deber elemental de informar con objetividad, y ha impedido que la sociedad norteamericana adquiera conciencia de la gran injusticia que prevalece en su país.
La mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).
Esa histórica decisión fue posteriormente anulada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzáles, en acción contraria a la que supondría la práctica corriente del Derecho de los Estados Unidos, como ha subrayado Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano.
En el transcurso de los 13 años últimos se han sucedido apelaciones y reclamos de prestigiosas personalidades mundiales a favor de Los Cinco, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los cuales han sido desoídos.
Obviamente, la mala intención política del gobierno sigue pesando sobre jueces y magistrados.
Mientras tanto, en ciudades y pueblos de Estados Unidos, y allende las fronteras de ese país, cientos de comités de activistas en pro de la libertad de Los Cinco prosiguen esfuerzos por hacer trascender la verdad de medios alternativos, en mítines y conferencias.
La intención se fundamenta en la experiencia de que un gran movimiento humano puede mover montañas, y lograr que finalmente los Cinco cubanos sean excarcelados y retornen al seno de sus familias. En eso andan decenas de miles, corriendo la voz sobre el gran escándalo, sumando voluntades, multiplicando acciones, soñando despiertos…
(TVY)(Actualizado en 09/09/11)
Miembro del equipo de defensa analiza
situación actual de los Cinco
Richard Klugh explica sobre la solicitud de Hábeas
Corpus en caso de Gerardo Hernández y otros temas
Gerardo Hernández, uno de los Cinco Cubanos presos en Estados Unidos, presentó su solicitud de Habeas Corpus en marzo sobre la base de nueva evidencia. Recibió la réplica del gobierno el 25 de abril de este año oponiéndose a su solicitud. Ahora Gerardo presentó una réplica con información adicional.
Radio Habana Cuba habló por teléfono con Richard Klugh, miembro del equipo de defensa de los Cinco desde su oficina en Miami el 23 de agosto de 2011 para que actualizara sobre la situación legal de Gerardo:
Bernie Dwyer (BD): ¿Qué está sucediendo ahora con la solicitud de Habeas Corpus de Gerardo?
Richard Klugh (RK): La situación en estos momentos es la siguiente: el equipo legal de Gerardo ha presentado una exhaustiva réplica así como memorandos y affidavits adicionales en respuesta a la oposición del gobierno de Estados Unidos a su petición de Habeas Corpus.
La respuesta fue presentada la semana pasada y creemos que hemos respondido a todos los argumentos hechos por el gobierno y además presentamos un affidavit de Gerardo y uno adicional de su anterior abogado, Paul McKenna, que apoya los alegatos fundamentales que habíamos expuesto en la solicitud de Habeas Corpus.
Realmente sentimos que hemos hecho grandes progresos en dirección a probar todo lo que hemos dicho y probar la inocencia de Gerardo en este asunto.
En relación con Antonio, la semana pasada él también presentó su réplica a la respuesta del gobierno en la que se enfoca, como lo hizo Gerardo, en el uso de empleados pagados de Radio y TV Martí para publicar artículos perjudiciales a los Cinco durante el juicio aquí en Miami. La réplica de Antonio también tiene affidavits que indican cómo la evidencia ha aparecido gradualmente, hasta el punto de demostrar cómo Estados Unidos trató de perjudicar a los Cinco durante el juicio con la publicación de artículos dirigidos a incitar la ira y la hostilidad hacia Cuba y los agentes cubanos. Ambos documentos presentan razones convincentes para la reparación de los derechos lesionados de todos ellos, particularmente de Gerardo y el hecho de que su propio abogado haya apoyado los alegatos presentados por nosotros es un avance tremendamente importante en el caso.
Richard KlughBD: ¿La solicitud de Habeas Corpus se aplica para Fernando, René y Ramón?
RK: Los documentos presentados para Gerardo y Antonio se aplican también para René. A Ramón y Fernando no les ha llegado el momento de solicitar su Habeas Corpus. Ellos presentaran sus mociones dentro de una o dos semanas y plantearemos algunos de estos mismos puntos en apoyo a las solicitudes de ellos.
Sentimos que hemos llegado ahora a un momento donde la evidencia es abrumadora y
demuestra el ambiente real e intencionalmente hostil en que se llevó a cabo el juicio. La no admisión por parte del gobierno de lo que hicieron para envenenar la atmósfera contra los Cinco es una violación fundamental de sus derechos.
También creemos que los argumentos que alegamos, específicamente sobre Gerardo
establecen su inocencia y creemos que demuestran la injusticia de las condenas de los Cinco.
Esto ha llegado a un punto donde existe un nivel convincente de evidencia que no puede ser ignorado, simplemente no puede ser ignorado. Es algo muy inusual cuando el mismo abogado presenta un affidavit que sostiene las mismas observaciones hechas de que él se vio obstaculizado en su habilidad de defender de forma completa y adecuada a Gerardo. Pero esto está ocurriendo ahora en el caso de Gerardo y estamos muy agradecidos con el hecho de que el abogado se haya presentado y valientemente expresara los mismos hechos que creemos mostrarán que las condenas son injustas.
BD: ¿Cuáles son los temas en el Habeas Corpus de Gerardo que no se aplican a los otros cuatro?
RK: Uno de los principales factores en el caso fue la jurisprudencia bajo la cual estábamos operando. El gobierno de Estados Unidos nunca ha tratado de juzgar a alguien como juzgaron a Gerardo: no solamente por conspiración para cometer espionaje, el cuál era un cargo excepcional, donde ellos habían reconocido que él ni siquiera había intentado cometer espionaje y nunca había planificado intentar cometer espionaje, sin embargo, de alguna forma pudieron sostener la conspiración, sino además del cargo que creemos era fundamentalmente deficiente, atribuirle una conspiración para cometer asesinato es realmente algo increíble.
Uno de los problemas con la acusación es que el gobierno nunca trató anteriormente de procesar a alguien bajo esos méritos procesales. Cuando la jueza trató de restringir la habilidad de ellos para procesar sobre la base de malos méritos procesales, los fiscales admitieron en una moción de emergencia presentada ante la corte de apelaciones, que sería imposible para ellos probar que Gerardo era culpable bajo las condiciones presentadas por la jueza.
Lo que pasó entonces fue algo muy inusual. A pesar de que la jueza había acordado instruir correctamente que el jurado se limitara a los méritos procesales, la corte de apelaciones mantuvo que la jueza no instruyó de forma exitosa al jurado de esa limitación, que al jurado se le dejó seguir otras bases jurídicas y aunque el abogado defensor no se dio cuenta de ello, Gerardo estaba siendo procesado sobre bases jurídicas que él nunca supo estuvieron ante el jurado.
De esta forma los procedimientos crearon una situación en la cual el abogado realmente sintió que no había defendido el caso porque pensó que los méritos sobre los cuáles el caso era sostenible no estuvieron nunca ante el jurado.
Así que ese es el origen de cómo nos dimos cuenta de que al abogado le fue imposible defender de forma efectiva, porque él nunca tuvo la oportunidad de saber ni siquiera qué era lo que el jurado estaba considerando como mérito del caso. Y es realmente algo excepcional que el gobierno trate de atribuirle a Gerardo algo de lo cual él no tuvo ninguna responsabilidad.
Pero más allá de que se hubiera presentado tanta evidencia adicional en relación con la real inocencia de Gerardo y de que el abogado hubiera conocido cómo la corte de apelaciones limitaría su habilidad para defender el caso, él claramente debió haber presentado más evidencias de su inocencia. Paul McKenna reconoce perfectamente estos errores, reconoce que de haber él comprendido completamente la ley del caso, hubiera sido capaz de presentar y asumir una responsabilidad más afirmativa para probar la inocencia de Gerardo y es por eso que él tenía la responsabilidad de hacerlo aunque no lo supiera.
Y esto es en buena medida donde estamos ahora. Él admite que si hubiera entendido hacia dónde iba el caso, esta insólita acusación, esta acusación sin precedentes, él hubiera sido capaz de establecer fácilmente la verdadera inocencia de Gerardo y que está profundamente convencido de los pasos que pudo haber tomado para hacerlo, incluyendo el propio testimonio de Gerardo. Así su buena voluntad de admitir cómo él se vio impedido de presentar evidencias fundamentales es realmente un testimonio sorprendente de su honestidad e integridad, pero también una muestra de su creencia absoluta de que Gerardo está siendo castigado por algo de lo cual él es absolutamente inocente, y todos nosotros esperamos el día, y tal vez llegue muy pronto, cuando Gerardo sea completamente exonerado de ese falso cargo.
BD: ¿Todavía el gobierno de Estados Unidos se niega a entregarle a Gerardo evidencia documental para preparar su caso?
RK: El gobierno norteamericano todavía se resiste a presentar la evidencia documental en la que se muestra, mucho más claramente que en la que nosotros tenemos, lo que pasó exactamente con esas avionetas y qué estaba pasando con algunas de las transmisiones de acá para allá que muestran que él nunca tuvo intención de hacer ningún daño a los Estados Unidos ni tuvo intención de hacer ningún daño a nadie. Y los documentos del gobierno, incluyendo por ejemplo las evidencias del satélite, podrían haber mostrado una vía hacia una defensa correcta de Gerardo, pero el gobierno nunca los entregó.
BD: ¿Entonces el próximo paso en el Habeas Corpus depende de la corte?
RK: Estamos esperando que se fije una audiencia en la cual podamos establecer más a fondo todos estos hechos, establecer la real inocencia de Gerardo, mostrar las evidencias que debieron ser presentadas en el juicio, mostrar las evidencia que debieron ser presentadas si el abogado no hubiera sido puesto en una posición que le impedía defender a Gerardo debido a los malentendidos relacionados con la base legal del caso y con la carga de prueba (presentación de suficiente evidencia) que existía.
BD: ¿Cuándo debe haber una respuesta de la corte de Estados Unidos?
RK: No hay un periodo de tiempo particular. Está a discreción de la corte distrital establecer una audiencia y esperamos que eso ocurra dentro de poco.
Queremos presentar las evidencias y queremos una audiencia. Eso es lo que hemos
solicitado y esperamos la oportunidad de tenerlo.
Los Cinco: Un tema cubano del que no habla la prensa
Silvia García Tabío* (La Jornada)
En septiembre de 1998 cinco cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, fueron arrestados en Miami por el FBI y aislados en celdas de castigo 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Su misión en los Estados Unidos era monitorear las actividades de organizaciones terroristas contra Cuba.
Todos fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración contra Estados Unidos.
A tres de ellos, Gerardo, Ramón y Antonio, se les adicionó el cargo de conspiración para cometer espionaje. El gobierno estadounidense nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que el mismo hubiese ocurrido. No les fue ocupado ningún documento clasificado.
A pesar de la enérgica objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, comunidad que alberga a más de medio millón de exiliados cubanos, con una larga historia de hostilidad hacia el Gobierno cubano, entorno que una corte federal de apelaciones de Estados Unidos describiría más tarde como una “tormenta perfecta” de prejuicios, que impidió la realización de un juicio justo.
El juicio duró más de seis meses, el más largo en Estados Unidos hasta ese momento, y en él presentaron testimonios tres generales retirados del ejército, un almirante retirado, el ex asesor del Presidente Clinton para asuntos cubanos, quienes coincidieron en que no existía evidencia de espionaje.
Siete meses después de la acusación inicial se adicionó un nuevo cargo a Gerardo Hernández: conspiración para cometer asesinato, como resultado de una intensa campaña pública con la intención de vengar el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana de dos avionetas de un grupo anticastrista y las muertes de sus cuatro ocupantes, hechos que tuvieron lugar en 1996. Las avionetas pertenecían a una organización que en los 20 meses anteriores al derribo había penetrado el espacio aéreo cubano 25 veces, objeto de protestas reiteradas del gobierno de Cuba.
Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno reconoció por escrito que había fracasado en probar el cargo de conspiración para cometer asesinato impuesto a Gerardo Hernández, alegando que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.
El jurado, no obstante, encontró culpables, tanto a Gerardo como a sus compañeros, de todos los cargos después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa locales.
Los cinco fueron sentenciados a condenas que sumaron 4 cadenas perpetuas más 77 años, convirtiéndose tres de ellos en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, en los que no existió evidencia de obtención y transmisión de un solo documento secreto.
Fueron confinados a cinco cárceles diferentes de máxima seguridad, lejanas una de otra y sin comunicación alguna entre ellos.
La apelación ha tomado 9 años
El 9 de agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones revocó sus veredictos de culpabilidad al considerar que no tuvieron un juicio justo en Miami. En una acción que como norma sólo se ejerce en casos donde estén en juego principios constitucionales, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones revisar la decisión del panel en un procedimiento llamado en banc. Un año después el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión unánime de los tres jueces originales.
El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones
Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó a Washington a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.
El 2 de septiembre de 2008 la Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco. Ratificó las sentencias de Gerardo Hernández (2 cadenas perpetuas más 15 años) y René González (15 años), y anuló las sentencias de Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años), Fernando González (19 años) y Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), por considerarlas incorrectas, enviando nuevamente a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser re-sentenciados. La Corte en pleno reconoció que no existía evidencia alguna de que hubiera habido obtención ni
transmisión de información secreta o de defensa nacional en el caso de los acusados del cargo de conspiración para cometer espionaje. Meses después Antonio fue resentenciado a 21 años y 10 meses en prisión más 5
años de libertad supervisada, Fernando a 17 años y 9 meses en prisión, y Ramón a 30 años en prisión.
El 15 de junio de 2009 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció, sin más explicaciones, su decisión de no revisar el caso de los Cinco a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por la defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales cometidas durante todo el proceso.
Desconocieron asimismo, el universal respaldo a esta petición y a los Cinco, expresado en una cifra de 12 documentos de “amigos de la Corte”, cantidad que constituye un hecho sin precedentes ya que representa el mayor número de amicus que se haya presentado a la Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de un proceso penal.
Diez Premios Nobel entre los que figuran el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros, suscribieron los amicus.
Desde el punto de vista jurídico este caso ha concluido ya su curso normal.
Ahora los cinco se encuentran en medio de un procedimiento extraordinario, el llamado Habeas Corpus, que es una oportunidad que se ofrece por una sola vez a los condenados después que agotaron sin éxito todos sus recursos apelativos.
En Octubre de 2010 Amnistía Internacional dio a conocer un Informe sobre el caso en el que concluye: “Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”
(*)Silvia García Tabío, asesora de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento).
