W. BUSH Y POSADA CARRILES: EL TIRO POR LA CULATA

W. BUSH Y POSADA CARRILES: EL TIRO POR LA CULATA

Por Roberto Pérez Betancourt

   Al Departamento de Justicia de la administración de George W. Bush
le salió el tiro por la culata, como reza un viejo adagio, y de hecho
la decisión de la señora Kathleen Cardone en el caso contra Luis Posada
Carriles  lo ha sentado en el banquillo de  acusados en el Congreso
norteamericano.
   "Además de cometer fraude, engaño y manipulación, este Tribunal
considera que la táctica del Gobierno en este caso es tan abiertamente
sorprendente y tan indignante que viola el sentido universal de la
justicia", expresa textualmente la resolución del ocho de mayo último
de la Jueza de distrito de EE.UU.
   Lo cierto es que Alberto Gonzales, fiscal general, no sabe qué
contestar a las indagatorias del  congresista  demócrata William
Delahunt sobre el escándalo que ha significado la liberación del
connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles.
   Y es que a partir del fallo de Cardone, políticos y prensa
estadounidense comienzan a prestar más atención a la clara evidencia de
doble moral en "política sobre terrorismo" de la administración Bush,
sorprendida en su malsana intención de ignorar los crímenes probados
del sujeto.
   El análisis del Tribunal  sobre los procedimientos indagatorios y la
entrevista a que fue sometido Posada Carriles  por entrada ilegal a
EE.UU., demuestran que  desde el inicio el Gobierno ha tratado de
rehuir su responsabilidad moral y legal.
   Así lo dedujo el Tribunal luego de cotejar antecedentes procesales
en otros casos  seguidos contra inmigrantes ilegales, habida cuenta de
que  la jurisprudencia estadounidense se apoya en esos recursos
referenciales para adoptar sus dictámenes.
   Entre los hechos increíbles que comprobó la Jueza aparecen los
defectos técnicos que tornan inservible la grabación en formato
audiovisual  a Posada Carriles durante la entrevista a que lo sometió
Susana Bolaños, oficial de adjudicación de los Servicios de Ciudadanía
e Inmigración, el 26 de abril de 2006.
   La Jueza acotó textualmente: "En esta entrevista participaron más
letrados que en la mayoría de los juicios de lo penal celebrados ante
este Tribunal. Curiosamente, aunque Bolaños se refiere al hecho de que
habían grabado el segundo día de la entrevista de naturalización, ahora
ella declara que no se puede utilizar el video porque el equipo tuvo
fallos de funcionamiento, algo que según su experiencia ocurre por
primera vez."
   Basándose en un conjunto de detalles indagatorios y procesales que
cita en su dictamen, el Tribunal declara "sospechosa la actuación del
Departamento de Justicia", al que califica de "brazo ejecutor del
Gobierno"
   Para que no quepan dudas acerca de la apreciación sobre las
intenciones manipuladoras del Gobierno, en las conclusiones del
Tribunal se establece:
   "El tema de este caso no es, como han afirmado algunos, el
terrorismo. Es el fraude de inmigración. El terrorismo, y la
determinación de si se debe definir a un individuo como terrorista o
no, caen dentro del criterio competente del poder ejecutivo. No son
parte de las atribuciones de este Tribunal."
   Obviamente, el tema de juicio no podía  ser  terrorismo, porque el
Gobierno en ningún momento acusó a Posada de terrorista -como hubiera
sido su deber- y pretendió sacudirse la responsabilidad con esa
estratagema pueril, que ha quedado al descubierto para escarnio, una
vez más, de la administración Bush.
   Se aprecia aún más el escándalo  en la precisión de  la jueza
Cardone, cuando recuerda que un inculpado típico declarado culpable de
los siete cargos que enfrenta en estos momentos el acusado por fraude
inmigratorio recibiría una sentencia máxima de seis a doce meses, según
los Lineamientos para la Aplicación de Sentencias de los Estados Unidos.
   Y añade: "Además, lo más probable es que cualquier período de
reclusión a que estuviera sometido ese acusado en una prisión federal
haría que este cumpliera los requisitos definidos para el tiempo de
cárcel o, cuando menos, para la libertad condicional."
   Ahí está el meollo del engaño: La Casa Blanca pretendía zafarse la
responsabilidad de soltar a Posada Carriles y obviar sus verdaderos
crímenes, utilizando el Tribunal de la jueza Cardone.
   Pero a esa clara intencionalidad manipuladora, el Tribunal responde 
que "no pasará por alto la conducta inapropiada del Gobierno porque el
acusado sea una papa caliente política. A este Tribunal no le concierne
la política sino la preservación de la justicia penal."
   Y esa justicia no llega todavía en el caso de Posada Carriles ni
para las violaciones sistemáticas en las que el propio Gobierno
estadounidense ha estado incurriendo sobre las leyes que este hizo
aprobar para, presuntamente, combatir el terrorismo.
   Ciertamente, el tiro le salió por la culata al mandatario  W. Bush y
ahora está expuesto al escrutinio del Congreso y de la opinión pública
por haber incurrido en prevaricación y otros delitos. ¿Dejarán pasar
estas claras evidencias sustentadas en el criterio de una Magistrada?
   Todo indica que el Congreso de mayorìa demòcratra se ha tomado en
serio el asunto y al menos en la primera comparecencia del Fiscal
General, este se vio obligado a una tímida defensa que no convenció a
nadie.
   Al abordar esa interrogante, los propios congresistas y la gran
prensa pueden evidenciar muchas aristas de su propia apreciación "del
sentido universal de la justicia", como recuerda la declaración de la
jueza Cardone.