Convoca la Asamblea Nacional a enfrentar, por todo el pueblo, el delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social

COMUNICADOR EMSIL COMUNICANDO. Año 4. No. 494. Miércoles 14  de diciembre  de 2022, Año 64 del triunfo de la Revolución.

Sumario: ---Convoca la Asamblea Nacional a enfrentar, por todo el pueblo, el delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social   https://www.granma.cu/cuba/2022-12-14/convoca-la-asamblea-nacional-a-enfrentar-por-todo-el-pueblo-el-delito-la-corrupcion-las-ilegalidades-y-la-indisciplina-social-14-12-2022-00-12-58

El enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en todos los ámbitos requiere «librar un combate inteligente y decidido», señaló el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura. 

 ---Cuba actualizó en 2022 la política nacional para atender la dinámica demográfica  

https://www.granma.cu/cuba/2022-12-13/cuba-actualizo-en-2022-la-politica-nacional-para-atender-la-dinamica-demografica 

El miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, informó a los diputados presentes en la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, sobre la situación demográfica del país. Al respecto, expresó que la dinámica demográfica es la evolución conjunta de las variables demográficas referidas a la fecundidad, mortalidad y migraciones internas y externas; resultando de vital importancia para un país ya que refleja la población con que se cuenta –que constituye el recurso más importante– y, por tanto, debe ser parte fundamental en las estrategias que se diseñan al respecto.
«Cuba representa el 0.0014 % de la población mundial, con una dinámica demográfica similar a la de países desarrollados, pero en el contexto de una economía en vías de desarrollo y persistentemente bloqueada», agregó. 

 

---¿Cuál es el panorama de las telecomunicaciones y cómo será la transformación digital de cara a 2023?

https://www.granma.cu/cuba/2022-12-13/cual-es-el-panorama-de-las-telecomunicaciones-y-la-transformacion-digital-de-cara-a-2023

Como prioridades del trabajo presente y futuro del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) están los traslados telefónicos pendientes; los problemas de cobertura y calidad en los servicios móviles, principalmente cuando falta la electricidad; la falta de efectivo para la entrega de giros; la insuficiente comercialización de cajas decodificadoras para la televisión digital; la llegada tarde de la prensa y la calidad de la señal de la televisión analógica; las dificultades con la preasignación de los estudiantes para prácticas profesionales y servicio social, y la necesidad de incrementar los contenidos de ciberseguridad en los planes de estudio. Lo anterior trascendió en la rendición de cuenta de este organismo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.

 ---Un mejor control determina una mayor eficiencia administrativa   https://www.granma.cu/cuba/2022-12-14/un-mejor-control-determina-una-mayor-eficiencia-administrativa-14-12-2022-00-12-32

Como entidad fiscalizadora superior del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) rindió cuenta, este martes, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La contralora general, Gladys Bejerano Portela, detalló que, desde 2014 hasta septiembre de 2022, el organismo elaboró un plan de acciones con el objetivo de trabajar con mayor intención en la atención y solución de las deficiencias.

Esa labor ha estado enfocada en promover una cultura de control y prevención en las administraciones, elevar el nivel profesional y lograr una gestión económico-administrativa estable y eficiente, que garantice el correcto desempeño interno.

Según el informe presentado, la CGR cumple la función de elaborar, conciliar y aprobar el Plan anual de acciones de auditoría, supervisión y control, no solo del órgano, sino del Sistema Nacional de Auditoría que, durante el periodo evaluado, asciende a 42 629 acciones de prevención y control ejecutadas.

---Aprueban Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social   http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/12/13/asamblea-nacional-aprueba-ley-de-expropiacion-por-razones-de-utilidad-publica-o-interes-social/  Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, hizo hincapié en la relevancia del proyecto de Ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social para completar el régimen jurídico de la expropiación por dichas condicionantes, estableciendo por ley las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, la forma de indemnización y otras cuestiones procedentes en razón del mandato constitucional. “Hoy estamos presentando a la asamblea el cumplimiento de este mandato constitucional”, dijo. Agregó que este proyecto de ley es resultado de un arduo esfuerzo colectivo, donde se trabajó en un grupo temporal conducido por el ministerio conjuntamente con órganos implicados, y resaltó el trabajo de la academia, representada por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en el asesoramiento al proceso de redacción de la norma.

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Ampliación del sumario:

 ---Convoca la Asamblea Nacional a enfrentar, por todo el pueblo, el delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social   https://www.granma.cu/cuba/2022-12-14/convoca-la-asamblea-nacional-a-enfrentar-por-todo-el-pueblo-el-delito-la-corrupcion-las-ilegalidades-y-la-indisciplina-social-14-12-2022-00-12-58

El enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en todos los ámbitos requiere «librar un combate inteligente y decidido», señaló el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura. Con la asistencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, la sesión contó con la presencia, también, del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y fue encabezada por el miembro del Buró Político y presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández.Marrero Cruz hizo una reseña sobre el contenido y los resultados iniciales de la implementación de las directivas generales para el enfrentamiento a esos fenómenos, aprobadas en octubre último por el Consejo de Ministros.

Este martes, dichas directivas recibieron el respaldo del Parlamento, que hizo un llamado a todo el pueblo al apoyo y a la lucha rigurosa y sistemática contra estos flagelos. Al final del debate, Díaz-Canel afirmó que este es un tema estratégico, que tenemos que tratar de resolver definitivamente. «Llevamos mucho tiempo diagnosticando los problemas, contemplando los problemas, y aquí lo que se trata es de ir a un combate sistemático, eficiente, eficaz, realista, objetivo y con la participación de todos», subrayó.

CAUSAS Y EFECTOS

En la introducción de su informe al Legislativo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseveró: «La actualidad de nuestro país se caracteriza por una compleja situación, matizada por un bloqueo recrudecido, el impacto de la crisis internacional provocada por la pandemia y una guerra mediática, política e ideológica, dirigida por el Gobierno de EE. UU., con el empleo de todos los medios a su alcance, incluidas las redes sociales. «Lo anterior, conjugado con nuestras propias insuficiencias y limitaciones, los desabastecimientos de mercancías, la crisis energética y los elevados niveles de inflación, y con ello los precios altos, contribuye al incremento de las ilegalidades, los delitos y la corrupción», agregó.

Pero para ganar «el combate contra la corrupción –dijo–, es vital romper el triángulo conformado por la necesidad, la posibilidad y la codicia.

«Conscientes de nuestras limitaciones para satisfacer las carencias en el corto o mediano plazos, nos queda entonces incrementar el control de los recursos, para evitar que las tentaciones y la codicia se consoliden».

Al hacer una caracterización sobre el tema, el Jefe de Gobierno subrayó que en el mercado informal de productos y mercancías de alta demanda predominan los delitos de especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita, y las redes sociales se posicionan como una de las principales vías utilizadas para su materialización.  Abundando en particularidades de estas dañinas manifestaciones, Marrero Cruz enfatizó en que un peso importante en ellas lo están teniendo «los delitos contra el patrimonio; que incluyen el hurto, los robos con fuerza, con violencia y los que se cometen contra el ganado».

También persisten «afectaciones en las viviendas, almacenes y bodegas, la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas y teléfonos celulares, en ocasiones sometiendo a las víctimas con el empleo de la fuerza física».

PREVENIR Y ENFRENTAR CON TODOS

Profundizando en las directivas generales, el Primer Ministro expuso que estas son una respuesta al reclamo del pueblo, y deben ser implementadas por todos los organismos, entidades nacionales y gobiernos territoriales.

Sus objetivos –enunció– son fortalecer la prevención y el enfrentamiento a estos fenómenos, y con ello contribuir a alcanzar las metas de desarrollo económico y social y la prosperidad a la que aspiramos, en un ambiente de orden, disciplina y exigencia.

Tras recalcar que todas las indicaciones tienen identificados sus responsables, Marrero Cruz explicó que no «se trata de otro plan, sino de integrar las acciones para la implementación de las directivas generales con las tareas y planes que ya existen, conformándose un plan único en el que se establecerán los indicadores para medir su cumplimiento y mejoras».

La tarea –añadió– fue asumida, con la trascendencia y prioridad que demanda, por los principales cuadros de los organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y autoridades territoriales, y ha contado con el aseguramiento político conducido por el Partido. Al mismo tiempo –añadió– las acciones y las propias directivas requerirán de ajustes continuos, según las características y necesidades de cada cual, y «sin esperar por indicaciones de niveles superiores de dirección, evitando caer en la rutina, el burocratismo y los formalismos».

Al abundar en las condiciones necesarias para esta batalla, enumeró, entre otras, el imprescindible perfeccionamiento de las estructuras administrativas de las provincias y municipios, el cual se implementa, así como un efectivo sistema de inspección territorial, el completamiento y preparación de sus cuadros y funcionarios y su articulación con la inspección de los OACE y las entidades nacionales.

HECHOS Y ACCIONES

Entre las medidas para enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el Primer Ministro enumeró algunas que ya se implementan, como:

• Jerarquizar la prevención y el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y prestación de servicios a la población.

Comienzan así a implementarse medidas diferentes para la venta de mercancías –sobre todo en la capital– en sustitución de la Operación Lucha Contra Coleros (LCC), que será eliminada gradualmente en todo el país.

Esto incluye generalizar la venta controlada por núcleos en los establecimientos comerciales.

• Ordenar las zonas o espacios de ventas de artículos y productos por las formas de gestión no estatal.
• Controlar la licitud de los productos de todo tipo, puestos a la venta, incluidos agropecuarios e importados sin carácter comercial.
• Establecer horarios de venta extendidos.
• Concluir la informatización de las oficinas del Registro de Consumidores, entre otras medidas.

Las acciones prevén, además, avanzar hacia la bancarización obligatoria de los flujos monetarios vinculados con los ingresos y ventas de las formas de gestión no estatal, y precisar las regulaciones para la comercialización de productos en la red de tiendas en MLC y CUP.

También, añadió el Jefe del Gobierno, se impone «robustecer el enfrentamiento a las ilegalidades en la contratación de fuerza de trabajo y a los deudores del pago de multas e indisciplinas en el pago de los impuestos, con la aplicación de medidas que pueden abarcar el cierre de los establecimientos, retiro de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia de forma temporal o definitiva, hasta la formulación de denuncias penales».

También se avanzará en la eliminación de trabas, manifestaciones de corrupción e ilegalidades que se cometen en la realización de los trámites de la población.

Al ejemplificar sobre resultados en el enfrentamiento, Marrero Cruz informó sobre los operativos en las áreas de venta de 100 y Boyeros y La Cuevita, en La Habana, que demostraron cuál es la manera en que debe actuarse contra las ilegalidades y la necesidad de ser sistemáticos.

El enfrentamiento –agregó más adelante– «debe ser enérgico e inteligente; combatir al vendedor ilegal es necesario, pero la prioridad es llegar hasta la fuente o el origen de lo que se comercializa ilegalmente».

«Trabajar en la profundidad –añadió, refiriéndose a la labor de los órganos competentes– es una premisa, identificando las casas almacenes, las cadenas delictivas, los medios de transporte utilizados y el destino de las ganancias; esto es lo más importante y la prioridad en los procesos investigativos a cargo del Ministerio del Interior».

Tras un análisis minucioso del problema del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, del perfil de quienes se involucran en estos hechos, y de la actuación de las instituciones encargadas del enfrentamiento y la aplicación de la ley, el Primer Ministro enfatizó en que esto «es un asunto de seguridad nacional».

Nosotros, afirmó Marrero Cruz en el plenario del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la ANPP, tenemos la sagrada misión de proteger una de las conquistas de la Revolución, que es la tranquilidad ciudadana, tranquilidad que motiva el reconocimiento y elogio de todos los que visitan nuestra Patria e, igualmente, la defensa de los intereses de nuestro pueblo trabajador.

 

---Cuba actualizó en 2022 la política nacional para atender la dinámica demográfica  

https://www.granma.cu/cuba/2022-12-13/cuba-actualizo-en-2022-la-politica-nacional-para-atender-la-dinamica-demografica

El miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, informó a los diputados presentes en la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, sobre la situación demográfica del país. Al respecto, expresó que la dinámica demográfica es la evolución conjunta de las variables demográficas referidas a la fecundidad, mortalidad y migraciones internas y externas; resultando de vital importancia para un país ya que refleja la población con que se cuenta –que constituye el recurso más importante– y, por tanto, debe ser parte fundamental en las estrategias que se diseñan al respecto.
«Cuba representa el 0.0014 % de la población mundial, con una dinámica demográfica similar a la de países desarrollados, pero en el contexto de una economía en vías de desarrollo y persistentemente bloqueada», agregó.

En el país, precisó, la atención a la dinámica demográfica es un tema al que se le da seguimiento desde la década de los 70 y recientemente como parte de los Lineamientos de la Política Económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el 6to., 7mo. y 8vo. congresos del PCC.

El Jefe del Gobierno precisó que en 2012 se constituyó la Comisión Gubernamental para la Dinámica Demográfica, en octubre de 2014 se aprobó la «Política para la atención a la Dinámica Demográfica», actualizada en 2022 por el Buró Político del PCC.
Los objetivos de la Política y su actualización, precisó Marrero Cruz, están dirigidos a:

- Estimular la fecundidad con el fin de acercarse en lo posible al reemplazo natural poblacional en una perspectiva mediata, situación que presenta una tendencia al decrecimiento de manera sostenida, y el país no logra, desde hace más de 30 años, la tasa de remplazo generacional que es de 2.01 hijo por mujer.

- Atender las necesidades de la creciente población de 60 años y más, que se estima representen el 21.6 % al cierre de 2022, así como fomentar la participación de los adultos mayores en las tareas económicas, políticas y sociales. «Este grupo poblacional es el único que crece en el país con casi 2.4 millones de personas en estas edades», acotó el Primer Ministro.

- Estimular el empleo de las personas aptas para trabajar y prever en la estrategia defensiva de la nación el impacto del envejecimiento de la población

- Atender las causas que provocan la migración interna y externa, en función de reducir estos flujos, mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales y trazar políticas que faciliten la participación de los cubanos residentes en el exterior en los procesos de desarrollo social y económico del país.

En correspondencia con lo anterior, puntualizó Marrero Cruz, se restructuró la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica –la cual preside el Primer Ministro– y se apoya en el Centro de Estudio de la Población y Desarrollo de la ONEI y en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.

«Las actuales condiciones requieren de un cambio de mentalidad en la comprensión, atención y control de la situación demográfica del país, que tenga como principios los preceptos de la Constitución, de manera que el eje principal que la sustente sea el de la equidad y la justicia social, desde un enfoque de ciclo de vida, incorporándola de manera efectiva como elemento prioritario para la estrategia de desarrollo económico y social a nivel del país, territorial y local», manifestó.

Resaltó que para el desarrollo del trabajo de la Comisión Gubernamental y el cumplimiento de los objetivos propuestos, están identificadas 55 medias y 74 temas y acciones para su implementación y seguimiento, al tiempo que han sido identificados once temas a presentar en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en 2023.

En estos momentos, constituyen aspectos a ser atendidos de manera priorizada en los territorios, los relacionados con:

- La respuesta a las necesidades de los adultos mayores, de manera integral.

- La atención a la maternidad segura, la fecundidad adolescente y la pareja infértil.

- Garantizar la respuesta a las necesidades relacionadas con la vivienda para las madres, padres o tutores legales de niños hasta 17 años y los jóvenes.

- El seguimiento sistemático y propuestas para atender la movilidad y migración interna y externa de la población, fundamentalmente de los jóvenes.

- El análisis permanente de la situación de la disponibilidad de fuerza de trabajo en correspondencia con la estrategia de desarrollo del territorio.
Destacó que las acciones desarrolladas hasta el momento no logran detener el deterioro de la tendencia demográfica en el país, y la población cubana mantiene un decrecimiento natural, de ahí la importancia de continuar atendiendo con prioridad y de manera diferenciada todo lo relacionado con este programa.

Daicar Saladrigas González, diputada por Camagüey, expresó, en cuanto a la estimulación de la natalidad, que se debe establecer una política para aquellos jóvenes que sí quieren estar en Cuba, pero que las condiciones de vivienda le impiden planificar su vida y familia. La solución no debe ser tener tres hijos y convertirse en un problema social.

Por su parte, Yailin Orta Rivera, diputada por el municipio especial Isla de la Juventud, sobre el objetivo de la atención a la fecundidad reconoció el gran esfuerzo que hace el país y el personal de Salud en la atención a la pareja infértil; sin embargo, recomendó que todos los médicos que acompañan a las parejas en este tratamiento deben hacerlo desde la sensibilidad.

Sobre el tema de la atención a la creciente población mayor de 60 años, puntualizó deben crearse más espacios de recreación y esparcimiento para esas personas; la elevada esperanza de vida de la población es un logro revolucionario, por lo que hay que lograr el envejecimiento productivo y saludable.

Seguidamente, Teresa Amarelle Boué, diputada y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, subrayó que este programa de la dinámica demográfica es directamente proporcional al Programa de Adelantos de las Mujeres, por solo citar un ejemplo de ello: el mayor por ciento de la población envejecida son mujeres, sin embargo, quienes las cuidan también son mujeres.

Lo anterior significa que tenemos un personal calificado, que pudiera estar aportando al desarrollo del país, como ama de casa y cuidadora por no encontrar una solución de quien cuide a esa persona a su cargo.

Asimismo, relacionó el tema de las casitas infantiles y el apoyo a la madre trabajadora, cuestiones que ven soluciones o progresos a medida que se implementa este programa.

---¿Cuál es el panorama de las telecomunicaciones y cómo será la transformación digital de cara a 2023?

https://www.granma.cu/cuba/2022-12-13/cual-es-el-panorama-de-las-telecomunicaciones-y-la-transformacion-digital-de-cara-a-2023

Como prioridades del trabajo presente y futuro del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) están los traslados telefónicos pendientes; los problemas de cobertura y calidad en los servicios móviles, principalmente cuando falta la electricidad; la falta de efectivo para la entrega de giros; la insuficiente comercialización de cajas decodificadoras para la televisión digital; la llegada tarde de la prensa y la calidad de la señal de la televisión analógica; las dificultades con la preasignación de los estudiantes para prácticas profesionales y servicio social, y la necesidad de incrementar los contenidos de ciberseguridad en los planes de estudio. Lo anterior trascendió en la rendición de cuenta de este organismo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la segunda jornada del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.

Los desafíos están en continuar desarrollando la infraestructura de telecomunicaciones, elevar los niveles de ciberseguridad en esta y en los servicios que soporta, e incrementar el uso de las energías renovables, a fin de elevar la vitalidad.

Según reconocieron desde el Mincom, es vital impulsar la transformación digital (incluye los procesos de gobierno digital y comercio electrónico) –con énfasis en los municipios, por su contribución al desarrollo territorial y el aporte de las iniciativas locales–; diversificar las exportaciones, elevar la organización y el aporte económico del sector empresarial, que logre una relación natural más efectiva con las formas no estatales de gestión.

El bloqueo sigue siendo el principal impedimento para un mejor flujo de información y un más amplio acceso a internet y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en general, por parte del pueblo de Cuba; sin embargo, ha continuado la ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, y a su uso abierto e inclusivo.

«La Mayor de las Antillas avanza hacia la transformación digital, convencida de nuestra capacidad de enfrentar y vencer los desafíos, estimulando el pensamiento innovador, aplicando ciencia, desarrollando la resistencia creativa, la colaboración y la comunicación; seguros de que con nuestro aporte contribuimos a la construcción de una sociedad digital inclusiva y solidaria, de ciudadanos digitalmente capaces, sin brechas territoriales, étnicas, de género, etarias o de cualquier otro tipo, que tributen al desarrollo humano, a su cultura y a la promoción de los valores y principios más auténticos de la Revolución Cubana», puntualizó Mayra Arevich Marín, ministra del ramo.

Precisó que, teniendo en cuenta que es un proceso transversal a todos los factores de orden económico, político y social que involucra al Gobierno en sus diferentes niveles, a las fuerzas productivas y a los ciudadanos; se proponen ejes estratégicos para los que define objetivos, líneas de acción, metas por etapas, indicadores y proyectos con impacto en la economía y en la sociedad.

 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y PROGRAMA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• La densidad telefónica nacional creció un 27 % en los últimos cinco años, se alcanzó el 80 % (14 % en telefonía fija y 66,1 % en la móvil); incluye más de 370 000 líneas en zonas rurales.
• La cobertura poblacional en telefonía móvil es del 74 % en 3G y del 49 % en 4G; se cubren todas las capitales provinciales, las cabeceras municipales y el 44 % de los consejos populares.
• Más de 7,5 millones de personas acceden a internet, principalmente a través de la telefonía móvil (6,3 millones en cuatro años), que incluye ofertas con mayor asequibilidad e incorporan planes combinados (voz, SMS y datos). Su consumo promedio mensual creció seis veces entre diciembre de 2019 y julio de 2022 (de 1,1 Gb a 6,6 Gb).
• La cobertura poblacional de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) es del 76 % en definición estándar y de 46 % en alta definición (crece en 14 % y 50 %, respectivamente, con relación a 2017).
• Se han comercializado en los dos últimos años 368 000 receptores, en la región occidental se entregaron 19 800 televisores al sistema educacional y 54 000 a los núcleos beneficiados por la Asistencia Social. Desde el inicio del proyecto en el año 2013, se han vendido más de tres millones de receptores.

GOBIERNO Y COMERCIO ELECTRÓNICO

Sobre el primer punto, la Ministra adelantó algunas consideraciones referentes al portal del Gobierno, un proyecto innovador que va a ayudar al ciudadano a acercarse a la transformación digital, y que contará con algunos trámites y servicios online, iniciando con los asociados al Registro Civil y al Ministerio del Interior.

Existen 263 portales digitales de gobierno en internet, representados entre organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, gobiernos provinciales y municipales; se ha mejorado la organización de la información gubernamental en el ciberespacio, y se avanza en la interacción a través de plataformas digitales, incluidas las redes sociales.

De las 335 oficinas del Registro Civil en el país, 278 brindan servicios digitales desde el entorno de internet, y se avanza en el despliegue de la firma digital, aunque, en palabras de la Ministra, aún es insuficiente.

En el caso del comercio electrónico, se diversificó en nuevos servicios, se extendió a otros sectores, incluidas las formas de gestión no estatal, y experimentó un alza en la utilización de los pagos por vías digitales, aunque persisten limitaciones y reservas en su uso, que son causas de insatisfacciones. 

Existen reservas en el control digital de los inventarios, en la organización de almacenes, en la eficiencia de las cadenas logísticas de distribución, no se logra la adecuada interoperabilidad entre las plataformas de gestión comercial y los sistemas contable-financieros, y persisten métodos tradicionales de control asociados a los pagos electrónicos que generan molestias al ciudadano y demoras en los procesos.

Las plataformas nacionales de pago electrónico, Transfermóvil y EnZona, cuentan con más de cuatro millones de usuarios, y a través de ellas se realizaron, hasta septiembre de 2022, el 68 % de los pagos del servicio telefónico, el 40 % de la electricidad, el 50 % de los impuestos y el 41 % de las reservas de pasajes nacionales, elementos que muestran una tendencia creciente en el tiempo.

INDUSTRIA DE APLICACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

El desarrollo de la industria nacional de aplicaciones y servicios informáticos tiene como objetivo garantizar el proceso de informatización segura en la sociedad, asegurar las condiciones tecnológicas para la transformación digital del país, y lograr la inserción internacional y el crecimiento de la economía.

Se han identificado nuevas capacidades exportables de productos y servicios, y se desarrollan acciones que las promueven. Paralelamente, con otros sectores se identifican mercados para servicios soportados en las TIC; por ejemplo, con Servicios Médicos Cubanos se desarrolla un proyecto de Telemedicina.

No obstante, destacó, se requiere avanzar más en las alianzas con otros sectores estatales y privados que permitan aprovechar mejor el conocimiento existente, acortar los tiempos de implementación, y diversificar la cartera de productos y servicios.

Se cuenta con una estrategia para consolidar un sistema de certificación en software libre, con reconocimiento internacional, como parte de la política de soberanía tecnológica del sector y, al mismo tiempo, existen varias comunidades de desarrollo vinculadas con plataformas o soluciones informáticas que promueven la gestión del conocimiento y la integración de los actores.

En la lectura del dictamen de la Comisión de Atención a los Servicios, su presidenta María del Carmen Concepción consideró proponer al Consejo de Ministros que los oace, y los consejos de gobierno municipales y provinciales del Poder Popular, atiendan con mayor efectividad el desarrollo del gobierno digital, los trámites en línea y la atención a las personas que buscan en estos espacios respuestas a sus interrogantes.

En el debate, los diputados reconocieron el papel del sector dentro de la pronta recuperación de los servicios de las telecomunicaciones en las provincias afectadas por el huracán Ian. La diputada Jennifer Bello Martínez destacó que estamos en condiciones de hablar de un proceso de transformación digital inclusivo y para el desarrollo sostenible, un proceso en el cual el Mincom no puede ser solo quien lo impulse, pues se debe trabajar en otros espacios, «si no se tienen las competencias digitales o se conciben programas de formación, entonces no estaríamos ganando esa batalla». Sobre la accesibilidad a la web, destacó que debe favorecerse que todos los sectores etarios puedan emplearla, y no se debe descuidar la formación de las competencias digitales.

 

---Un mejor control determina una mayor eficiencia administrativa   https://www.granma.cu/cuba/2022-12-14/un-mejor-control-determina-una-mayor-eficiencia-administrativa-14-12-2022-00-12-32

Como entidad fiscalizadora superior del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) rindió cuenta, este martes, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La contralora general, Gladys Bejerano Portela, detalló que, desde 2014 hasta septiembre de 2022, el organismo elaboró un plan de acciones con el objetivo de trabajar con mayor intención en la atención y solución de las deficiencias.

Esa labor ha estado enfocada en promover una cultura de control y prevención en las administraciones, elevar el nivel profesional y lograr una gestión económico-administrativa estable y eficiente, que garantice el correcto desempeño interno.

Según el informe presentado, la CGR cumple la función de elaborar, conciliar y aprobar el Plan anual de acciones de auditoría, supervisión y control, no solo del órgano, sino del Sistema Nacional de Auditoría que, durante el periodo evaluado, asciende a 42 629 acciones de prevención y control ejecutadas.

Entre 2014 y el tercer trimestre de 2022, la CGR planificó 5 644 acciones de auditoría, supervisión y control. Producto de ajustes, puntualizaciones e incorporación de nuevas acciones, se ejecutaron 5 752 (101,9 %).

Se realizaron controles integrales que incluyeron los ministerios de Comunicaciones y del Comercio Interior, los grupos BioCubaFarma, Azcuba y el osde Gesime, los consejos de administración provincial de Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas y Granma, y administraciones de Artemisa y Mayabeque.

Se calificaron 2 005 auditorías, de ellas el 66,6 % con resultados de deficiente o mal, y entre los problemas más comunes se encuentran insuficiencias y violaciones en la contratación, en cuentas por cobrar y pagar, e inventarios, combustible y nóminas y contabilidad.

La administración ha aplicado 12 662 medidas disciplinarias, de ellas el 51,4 % a directivos y funcionarios.

La CGR indicó que se debe realizar con mayor precisión la identificación de responsabilidades directas y colaterales, así como elevar el rigor en el seguimiento de las medidas disciplinarias.

Se realizaron, en el periodo evaluado, seis comprobaciones nacionales al control interno, en las que se ejecutaron 2 176 acciones; en tanto que, en la Atención a la población, se evidencia el incremento del conocimiento de las funciones del órgano por parte de los promotores, pues las quejas y peticiones fueron atendidas en 16 581 casos.

Se reitera que los temas más abordados por la población están relacionados con la conducta ética de los directivos, ejecutivos y funcionarios; la aplicación de inadecuados métodos de trabajo; el descontrol administrativo; el desvío y uso indebido de recursos del Estado; la apropiación indebida e inobservancia de las normas del control interno; asuntos que están en la base de las causas y condiciones de los problemas detectados.

Sobre el sistema de captación, análisis y reporte de los hechos de corrupción administrativa que se detectan en las entidades, se ha elevado el rigor a las administraciones. Se han reportado 5 461 hechos de corrupción, que en su mayoría ocurren en entidades de base, principalmente asociados al desvío de inventario y efectivo.

PRINCIPALES RETOS

Uno de los principales retos –según el informe– lo constituye el completamiento y la atención al auditor interno de base, para elevar su preparación, atendiendo al papel profiláctico y preventivo de su trabajo. Reconocieron que, en la evaluación del gasto público, no han avanzado lo suficiente, una de las mayores insatisfacciones, porque necesitan mayor preparación.

Asimismo, el organismo reiteró su compromiso de fomentar ambientes de orden, disciplina y exigencia, junto al fortalecimiento de la ética y la moral de los directivos y funcionarios públicos.

Reconoció, a su vez, que falta mucho por hacer, pero están dispuestos y comprometidos a centrar los principales esfuerzos en incrementar el completamiento y la estabilidad del personal; continuar elevando la preparación de los auditores, y contribuir al logro de una cultura de control y prevención en las administraciones.

En el Dictamen de la rendición de cuenta, presentado por Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se recomendó continuar trabajando en el control interno, además de seguir de cerca la fluctuación en la plantilla laboral.

En el debate, Margarita Soroa, diputada por el municipio de San Cristóbal, en Artemisa, detalló que el trabajo de la Contraloría resulta muy valioso, pero el punto final para la resolución de los problemas queda en mano de las instituciones, porque de nada sirve chequear si no existe una respuesta efectiva.

Esther Dupón, diputada por Holguín, resaltó la necesidad de que los directivos de las unidades presupuestadas tomen de la mano la Resolución No. 60, referida al perfeccionamiento del control interno.

Por su parte, Esther Lidia Pérez Cuello, diputada por Camajuaní, sugirió la colaboración entre el Ministerio de Comunicaciones y la CGR, porque necesitamos una Contraloría que aproveche mejor las potencialidades que brindan las tecnologías de la información.

UNA LEY PARA FRENAR Y LIQUIDAR LA CORRUPCIÓN

Frenar y liquidar la corrupción es el objetivo de primer orden de la nueva Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa, presentada y aprobada, este martes, por el Parlamento.

Gladys Bejerano Portela, contralora general, al exponer ante los diputados la propuesta, destacó que en esta se pondera la prevención de riesgos e indisciplinas, y se promueve la participación activa de todos, como estrategia principal en la prevención y enfrentamiento para combatir la corrupción.

De igual modo, precisó, la actualización de la Ley (pues ya existe una norma vigente) busca, con la contribución de sus acciones, hacer efectiva la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para la etapa 2021-2026, referidos a la actuación ética y a alcanzar una efectiva y consciente participación de los colectivos laborales, fortalecer el control interno y externo, social y popular sobre la gestión administrativa.

Asimismo, se incorporan otros aspectos novedosos, como es el caso de la Comisión Estatal de Control, y actualiza todo lo referido al Sistema Nacional de Auditoría, en correspondencia con la política aprobada para su funcionamiento.

Resaltó que la norma da cumplimiento a lo dictado en la Constitución, en su Capítulo vii, Artículo 160, que determina la misión fundamental que asigna a la Contraloría General, así como a otros aspectos que se incorporan y precisan en la fundamentación.

A su vez, es continuidad de un proceso gradual y sostenido que expresa la voluntad política del Estado cubano, conducido estratégicamente a la institucionalidad y perfeccionamiento del Sistema de Control del Estado y del Gobierno, y también completa y consolida el cumplimiento de principios, normas y requisitos que se establecen en el ámbito internacional.

En sus disposiciones generales, esta Ley regula la misión, funciones, organización y funcionamiento de la CGR, y establece las bases generales del Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa, para influir positivamente contra el burocratismo, por la administración transparente, ágil, eficiente y eficaz; fortalecer los vínculos entre el control interno, externo y el social, que incluye el popular.

La nueva Ley está estructurada en diez títulos, 19 capítulos, 31 secciones y 104 artículos, ordenada en dos libros; el primero, referido, fundamentalmente, a los aspectos de organización y funcionamiento de la CGR, y el segundo, al Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa.

El diputado Félix Martínez Suárez, al leer el Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, significó que la nueva Ley contribuye a hacer efectiva la actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como a avanzar en la aplicación de métodos de dirección participativos, eficaces e innovadores, y a fortalecer el control tanto interno como externo, y el control popular sobre la gestión administrativa.

Reconoció que en la norma se producen cambios en las relaciones de subordinación de la CGR al Presidente de la República, en la periodicidad de la rendición de cuenta y en su realización.

Añadió que se suprime el término «denuncias de la población» por «quejas y peticiones»; esclarece los conceptos de fondos públicos y gestión administrativa, y estudia el término de responsabilidad colateral; introduce normas respecto a la elección, designación y cese del Contralor General y de los vicecontralores generales, y considera el derecho de los sujetos de acción y control, de acudir a la vía judicial cuando presuman que no se les garantizó el debido procedimiento administrativo, entre otras novedades.

La nueva Ley –subrayó– contribuirá a la creación de una cultura de control y prevención de las administraciones, expresión de la voluntad política del Estado y del Gobierno cubanos para favorecer el logro y las aspiraciones de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

 

 

---Aprueban Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social   http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/12/13/asamblea-nacional-aprueba-ley-de-expropiacion-por-razones-de-utilidad-publica-o-interes-social/  Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, hizo hincapié en la relevancia del proyecto de Ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social para completar el régimen jurídico de la expropiación por dichas condicionantes, estableciendo por ley las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, la forma de indemnización y otras cuestiones procedentes en razón del mandato constitucional. “Hoy estamos presentando a la asamblea el cumplimiento de este mandato constitucional”, dijo. Agregó que este proyecto de ley es resultado de un arduo esfuerzo colectivo, donde se trabajó en un grupo temporal conducido por el ministerio conjuntamente con órganos implicados, y resaltó el trabajo de la academia, representada por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en el asesoramiento al proceso de redacción de la norma.

“Entre el 1 y el 3 de diciembre intercambiamos con diputados para escuchar consideraciones, analizarlas, responder y esclarecer otras”, dijo.

La ministra explicó que uno de los avances en cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 58 es brindar garantía y postulados de seguridad jurídica al propietario del bien que será objeto de expropiación, una institución jurídica refrendada en la generalidad de leyes de los países como alternativa última para dar respuesta a un interés general.

“El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional suple la inexistencia de una norma como único cuerpo jurídico para sustituir la entidad de la expropiación”, dijo.

Desde este proyecto de ley se garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso en sede judicial y administrativa. “La expropiación solo puede hacerla el tribunal de justicia competente”, subrayó.

Sostuvo que se reconoce que la indemnización (a la que tiene derecho la persona a la que se propone expropiar el bien) y se determinará por el valor real en el momento de la expropiación.

Aseguró que se ratifican las garantías a los inversionistas extranjeros sobre la expropiación y se dispone de una protección a la inversión extranjera.

Además, el valor a pagar por indemnización está exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

Otra de las garantías en la nueva ley es que el titular del bien puede oponerse a la pretensión impugnando la declaración de utilidad pública o interés social, dando sustentos y elementos para ello.

“Es una ley que ha seguido con rigor todo el proceso de consulta durante su elaboración, tanto las consultas especializadas como las realizadas con la población”, aseguró la ministra de Finanzas y Precios.

Bolaños Weiss afirmó que es un proyecto de ley garantista, porque dispone de aquellos requisitos que deben cumplirse para aplicar la institución de la expropiación, y que refuerza el artículo constitucional que protege el derecho a la propiedad.

El marco jurídico de actuación del Estado cubano en el ámbito de la expropiación forzosa requiere fortalecerse y actualizarse al nuevo marco constitucional, concluyó la ministra, y puntualizó que se requiere una ley que ordene, robustezca y recoja las garantías debidas para la aplicación de la expropiación.

De acuerdo con la ministra, es necesario actualizar el régimen jurídico de la expropiación forzosa en Cuba, en tanto constituye una de las formas de adquisición de bienes y derechos en favor del patrimonio del Estado, con el carácter de propiedad socialista de todo el pueblo.

“Se requiere perfeccionar el actual régimen jurídico de la expropiación forzosa en Cuba, a partir de una disposición normativa que, sobre la base de los postulados constitucionales, articule adecuadamente su ejecución con las garantías correspondientes, en armonía con otras disposiciones normativas que contienen otras cuestiones al efecto en relación con la expropiación”, dijo.

Según la ministra, el régimen jurídico de la expropiación forzosa por razones de utilidad pública o interés social se rige por lo establecido en la Constitución de la República de 2019, en su artículo 58, cuyo párrafo tercero indica que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización.

“Esa ley no se ha dictado aún hoy en el ordenamiento jurídico cubano”, dijo.

La recientemente aprobada Ley No. 142, Ley del Proceso Administrativo, introduce importantes regulaciones en relación con cuáles son los órganos facultados a expropiar (los tribunales), así como el proceso judicial para disponer la expropiación, pero no regula las demás cuestiones que señala la Constitución respecto a la expropiación, por la naturaleza procesal de esa disposición normativa y por no corresponderle entonces dentro de su objeto.

Las disposiciones sobre la expropiación forzosa en la Ley del Proceso Administrativo son parciales e insuficientes para completar el régimen jurídico de la expropiación forzosa en nuestro país, subrayó la ministra.

Se hace necesaria entonces la homogeneización del tratamiento jurídico de esa figura dentro de la normativa cubana y se requiere establecer, por no estar establecidas jurídicamente, las bases para determinar su utilidad y necesidad, y las garantías debidas en materia procedimental.

El procedimiento para la expropiación solo se regula, con la Ley del Proceso Administrativo, para lo que atañe a los tribunales, pero no a la etapa que corresponde a los órganos que determinan la utilidad y necesidad de la expropiación.

Se requieren mayores y mejores precisiones para la determinación de la forma de indemnización y los criterios para esa determinación. El marco regulador de los derechos de las personas frente a la expropiación forzosa no está fortalecido y precisado en correspondencia con los derechos y garantías que establece la Constitución, explicó.

El diputado José Luis Toledo Santander, al presentar el dictamen realizado por los diputados al proyecto de ley, destacó que es un tema esencial a debatir, atendiendo a las opiniones muchas veces erráticas que sobre el texto se han manejado.

Señaló que con esta ley se nos presenta una detallada relación de los antecedentes de la institución de la expropiación en el país.

“La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera pertinente algunas reflexiones sobre la misma”, dijo.

“La expropiación es una medida interventora de la administración pública por la que se priva al administrador de la propiedad de determinados bienes o derechos de naturaleza patrimonial de una indemnización”, explicó.

Añadió que la justificación de la potestad expropiatoria de la administración pública está en la necesidad de que se sacrifique una situación de propiedad ante intereses públicos superiores.

“Pero, al mismo tiempo, se trata de que tal sacrificio sea el mínimo posible, de forma que no ocasione la pérdida del contenido económico del bien o derecho afectado contenido, que se sustituye por un equivalente de cuñales que es indemnización. Por ello, el requisito imprescindible para la legalidad de la expropiación es que esta se justifique por causa de utilidad pública e interés social.

“El fin de la expropiación no es la mera privación del viejo derecho en que esta consiste, sino el destino posterior que ha de darse a ese bien”.

Afirmó que la expropiación es un instrumento y no un fin en sí misma, por estar siempre en función de una transformación del bien expropiado ya sea física (por ejemplo, se expropia un terreno para hacer una carretera o una autopista) o jurídica (se nacionaliza una empresa determinada en lo referente al término utilidad pública).

Señaló que el Estado garantiza su uso, disfrute y libre disposición de conformidad con lo establecido en la ley. “Esta advertencia en el referido artículo es expresión de la voluntad del constituyente, que el Estado brinde un especial respeto y protección al derecho de la propiedad de las personas sobre sus bienes”.

La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización, recalcó.

Destacó la aprobación en este órgano legislativo el 28 de octubre de 2021, de la Ley No. 142, Del Proceso Administrativo.

La determinación del precio –explicó– se realiza precisando que la tasación se efectúa con arreglo al valor real que tengan los derechos de expropiar en la fecha de la declaración de utilidad pública de interés social.

También se refirió al derecho que asiste a la persona de realizar la reversión de la expropiación. Esto sucede si, transcurridos tres años de la sentencia de expropiación, la administración no define el bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública o existe una parte sobrante del mismo.

El artículo 25 del proyecto de ley reconoce el derecho del propietario titular, o incluso a cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo en el asunto, a oponerse a la expropiación

Afirmó que no es una ley para acrecentar los procesos expropiatorios en el país, sino que su objetivo esencial es fortalecer con seguridad y certeza el régimen de garantía para las personas y para el Estado, que refuerce la seguridad jurídica del país y de la propiedad.  “Es oportuno recomendar al Ministerio de Finanzas y Precios y al Ministerio de Justicia continuar desarrollando una estrategia de comunicación social que permita a la población acceder a los contenidos de esta ley, y la correspondencia del proyecto en análisis con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico”, insistió.

Durante el debate en el plenario, la diputada Idaliena Díaz Casamayor se refirió al capítulo cinco del proyecto de ley y propuso establecer un periodo de inicio o de ejecución de un bien a expropiar. “Si usted va a expropiar un bien de propiedad privada, hay que tener claro el periodo de inicio”.

Por su parte, la diputada Ana Teresa Igarza explicó cómo sucede el proceso desde experiencias en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. “La autoridad no llega y define la expropiación, sino que establece negociaciones para ponerse de acuerdo y evitar ir a la expropiación, por eso es que no es posible definir cuándo comienza una expropiación”.

Igarza señaló que definir un término es muy complejo en una norma jurídica. “Lo fundamental es buscar acuerdos entre las partes, para que las personas supuestamente afectadas tengan garantías”.

El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta, reconoció la calidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. “Hoy el Estado puede expropiar sin esta ley. ¿Por qué hay que hacerla entonces?, porque permite ofrecer más garantías frente a la administración y regular la actuación de la misma”.

Señaló que ha habido mucha tergiversación de lo que significa esta norma.

“Las personas dicen que los comunistas quieren acabar con la propiedad privada, pero no es así. Desde el propio capitalismo existe la capacidad regulatoria del Estado. Esta es una norma de la que nos podemos sentir orgullosos, y podemos mostrarla así ante el mundo”, concluyó. Tras el debate, los diputados aprobaron la ley.