A debate, cuatro proyectos de leyes que conducen a una profunda reforma judicial en Cuba

COMUNICADOR EMSIL COMUNICANDO. Año 2. No. 217. Martes 26 de octubre de 2021, Año 63 del triunfo de la Revolución.  

SUMARIO--- A debate, cuatro proyectos de leyes que conducen a una profunda reforma judicial en Cuba  https://www.granma.cu/cuba/2021-10-25/a-debate-cuatro-proyectos-de-leyes-que-conducen-a-una-profunda-reforma-judicial-en-cuba-25-10-2021-22-10-05  Se trata de los proyectos de leyes del Proceso Penal, de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo y del Código de Procesos, Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados cubanos analizaron este lunes los cuatros proyectos de leyes presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), como parte de las actividades previas al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que se desarrollará el 27 y el 28 de octubre.

 

---A partir de esta semana, se vacunan los convalecientes de la COVID-19 que recibieron alta médica entre el 25 de julio y el 31 de agosto (+ Video)  https://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-10-25/a-partir-de-esta-semana-se-vacunan-los-convalecientes-de-la-covid-19-que-recibieron-alta-medica-entre-el-25-de-julio-y-el-31-de-agosto-video

Con las personas que contrajeron el virus en septiembre se llevará a cabo un proceso similar en noviembre, una vez que cumplan el periodo requerido para vacunarse. Más de 300 000 convalecientes de la COVID-19 que pasaron la enfermedad entre el 25 de julio y el 31 de agosto recibirán, a partir de esta semana, la dosis única de la vacuna Soberana Plus –cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas–, una vez que ya cumplieron los dos meses establecidos de haber recibido el alta médica.

 ---La Covid 19 en Cuba el lunes 25 de octubre: Mil 210 nuevos contagios con el virus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19, y nueve decesos en las últimas horas a causa de complicaciones por esa pandemia.

De esta manera la nación caribeña acumula 946 mil 960 pacientes con Covid-19 desde marzo de 2020 y ocho mil 91 víctimas fatales .El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, explicó en su conferencia de prensa diaria que para identificar la presencia del SARS-Cov-2 fueron analizadas 24 mil 780 muestras, para un total de 10 millones 385 mil 213 desde la llegada de la enfermedad al país. (La información de este martes la brindaremos más adelante en Facebook para no demorar esta emisión). 

--- Mesa redonda este martes 26 de octubre: Resumen del período de sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Debate por los diputados de los proyectos de leyes sobre los Procesos Penales, Administrativos, el funcionamiento de los Tribunales y el Código de Procesos.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán este programa a las 7:00 p.m. 

---WhatsApp dejará de funcionar en varios teléfonos inteligentes a partir de noviembre   http://www.cubadebate.cu/coletilla/2021/10/25/whatsapp-dejara-de-funcionar-en-varios-telefonos-inteligentes-a-partir-de-noviembre/ Según la lista publicada por la compañía, a partir del 1 de noviembre los dispositivos que funcionan con Android 4.0.3 o inferior y los iPhone con iOS 9 o anterior dejarán de recibir actualizaciones de seguridad y nuevas funciones, lo que hará que eventualmente el servicio de mensajería deje de funcionar en estos ’smartphones’. 

---Condenan altas autoridades cubanas actividad subversiva de Embajada estadounidense en el país  http://www.acn.cu/cuba/86296-condenan-altas-autoridades-cubanas-actividad-subversiva-de-embajada-estadounidense-en-el-pais El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, condenó hoy en Twitter la actividad de la Embajada de Estados Unidos para subvertir el orden interno en el país.

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 Roberto Pérez Betancourt

 

Ampliación del sumario: 

 

A debate, cuatro proyectos de leyes que conducen a una profunda reforma judicial en Cuba    Se trata de los proyectos de leyes del Proceso Penal, de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo y del Código de Procesos.Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados cubanos analizaron este lunes los cuatros proyectos de leyes presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), como parte de las actividades previas al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que se desarrollará el 27 y el 28 de octubre.

Se trata de los proyectos de leyes del Proceso Penal, de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo y del Código de Procesos, textos que recogen lo más moderno en la práctica judicial e investigativa, atemperados a la realidad cubana y elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la población.

A partir de la situación epidemiológica actual, estas jornadas de trabajo se realizan de forma semipresencial y con apoyo de los medios tecnológicos, comentó Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, al explicar cómo se ha buscado y potenciado la participación no solo de los parlamentarios, sino de toda la ciudadanía, en aras de propiciar un debate profundo, enriquecedor, que fortalezca estas propuestas de normativas. El encuentro también estuvo presidido por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

Según explicó Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Constitución, y tomando en cuenta los derechos de las personas, estipulados en la Carta Magna, en especial, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el estudio de estos documentos permitirá conducir a una profunda reforma judicial en el país.

Desde los últimos meses, tanto diputados como juristas, instituciones y universidades han enriquecido con sus consideraciones dichas propuestas, al tiempo que se promovió igualmente la participación ciudadana, al publicarse los textos íntegros de los cuatro proyectos de leyes en el sitio de la Asamblea y del Tribunal Supremo Popular, agregó.

En total, apuntó, se recibieron 3 295 criterios sobre los distintos proyectos y más de 2 800 propuestas de modificación, de las cuales fue aceptado el 66 %.

 

PROYECTO DE LEY DE TRIBUNALES DE JUSTICIA

Respecto a esta normativa, que de ser aprobada reemplazaría la Ley No. 82 de 1987, se recibieron 25 propuestas de los diputados, de las cuales se aceptaron 15; en tanto, del sector jurídico y otros que, en la práctica, utilizan las normas y tienen una visión más cercana de su aplicación, se recogieron 107 propuestas y se aceptó el 61 %, puntualizó Remigio Ferro.

Destacó, además, que por las vías habilitadas, tanto del correo electrónico como de la línea telefónica, se recibieron 19 criterios de la población y se aprobaron diez para incluir en el cuerpo legal del texto.

Como parte de las propuestas de los diputados, se modificaron 42 artículos, algunos introducen cambios sustanciales y otros perfeccionan el estilo y la redacción del proyecto, en aras de una mejor comprensión, detalló.

Dentro de las principales modificaciones –dijo–, se refuerza el principio de actuación colegiada de los tribunales y se definen, con mayor claridad, los casos para los que se prevé la intervención de un solo juez profesional. Asimismo, se delimitan con mayor precisión las funciones del Consejo de Gobierno y de los presidentes de los tribunales, además de incorporarse las funciones del presidente de sección de los tribunales municipales».

El presidente del TSP precisó que, recientemente, como consecuencia de la crítica situación de algunos tribunales en la dotación de jueces legos, se ha solicitado también al Presidente de la ANPP convocar a elecciones parciales de estos, en las asambleas municipales del Poder Popular.

En el caso de las disposiciones finales, los cambios fundamentales están dados en poner en vigor la Ley el 1ro. de enero de 2022, a partir del consenso logrado entre el TSP, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Durante el intercambio sostenido en la jornada, el diputado Raúl Palmero, por el municipio de Marianao, en La Habana, expresó su inquietud sobre por qué los tribunales municipales de justicia no rinden cuenta de su mandato a los órganos locales del Poder Popular.

Al respecto, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, señaló que la Constitución le da un sentido de cuerpo independiente al sistema de los tribunales. Son una estructura vertical, que solo se subordina al máximo órgano supremo del país, que es la ANPP, pero no rinde cuenta a ninguna autoridad local, aunque ello no riñe con la posibilidad, tal y como está dispuesto en la normativa, que deban presentar informes y recibir los correspondientes dictámenes.

Diana Sedal Yanes, diputada por Santiago de Cuba, expresó la posibilidad de incluir, dentro de los integrantes del TSP, la figura del vicepresidente primero.

Al respecto, Remigio Ferro explicó que, siguiendo el acervo de lo que ha sido la práctica tradicional, se establece un orden de sustitución del presidente a los vicepresidentes, con funciones específicas, y no resulta necesario añadir otro cargo para garantizar el buen funcionamiento.

Otro de los temas que trajeron a colación los parlamentarios fue la pertinencia de incluir en el

Artículo 28 –que define quiénes asisten como invitados a las sesiones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular– a la Contraloría General de la República, pues no aparece así en la propuesta de ley.

Sobre ello, Gladys María Bejerano Portela, diputada por la provincia de Guantánamo y contralora general de la República, señaló que las competencias de este órgano no residen solo en el control interno, sino que incluye  toda la gestión económica del país, y que está de acuerdo con la redacción actual de la propuesta, ya que existen otros espacios para el intercambio con el TSP.

PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL

Según recoge el informe que acompaña la propuesta de norma, desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, en esta ley se introducen y sistematizan principios y garantías del debido proceso refrendados en la Constitución. Estamos hablando de la legalidad, juez natural, inmediación, celeridad y defensa, así como concentración en proceso contradictorio, oral y público, con estricta observancia de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado, de la víctima o perjudicado, y del tercero civilmente responsable.

De ser aprobado, este proyecto de norma reemplazaría la Ley No. 5 De procedimiento penal vigente en el país, con varias modificaciones incorporadas desde agosto de 1977.

A partir del intercambio sostenido y las consideraciones que la población hizo llegar respecto a este anteproyecto, se modificaron 221 artículos, de los cuales 18 contienen cambios sustanciales, a partir de las propuestas aceptadas, y los restantes fueron perfeccionados en su redacción, acotó Remigio Ferro.

Dentro de las principales modificaciones, el Presidente del TSP destacó que se amplía, para los imputados menores de 18 años de edad, el derecho a designar abogado o contar con uno de oficio, desde que se instruya el cargo si está en libertad.

Además, dijo, se incorpora la definición de «defensor» (abogado) como sujeto procesal y sus requisitos, además de que se excluye la aplicación de criterios de oportunidad por el fiscal, cuando se trata de funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción.

«De igual forma, se elimina la obligatoriedad de proceder conforme al criterio de la víctima en los casos en que la ley establece como requisito que sea escuchada su opinión, y se le da a esta la posibilidad de recurrir la decisión o sostener la acción penal particular».

Se incorpora dentro de las medidas cautelares, la obligación de dar alimentos, cuando corresponda, a favor de las personas menores de edad u otras en situación de discapacidad, añadió.

Asimismo, se modifica la denominación de atestado «directo» por «abreviado», y se refuerza el derecho a la defensa; también se amplía a 15 días el plazo para la investigación y presentación del expediente al Tribunal, se extiende el plazo para la celebración del juicio oral, y se establece que, entre la citación y la celebración del juicio, deben mediar, al menos, cinco días, precisó.

Otra modificación comprende la armonización de los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del Código de las Familias.

En aras de lograr una mayor coherencia y armonía del ordenamiento jurídico, el diputado Raúl Palmero comentó la necesidad de revisar la normativa, al emplearse el término de situación de vulnerabilidad, que resulta más abarcador que personas en situación de discapacidad.

Un criterio que validó la diputada Marta Elena Feitó, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al explicar que la situación de vulnerabilidad implica que una persona sea incapaz de recuperarse de una amenaza y, por ende, de aprovechar las oportunidades de su entorno, lo que puede estar marcado por una condición natural, de salud, social u otros.

Por otra parte, Dalia Expósito, de la provincia de Guantánamo, consideró incluir en los criterios de oportunidad, no solo cuando los imputados sean menores de 18 años, sino, además, a las personas mayores de 65 años.

En respuesta, Remigio Ferro comentó que la acepción referida se aprobó en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; de ahí, el tratamiento diferenciado. No obstante, aclaró que la inquietud de la diputada tiene salida cuando se argumentan las circunstancias atenuantes eximentes de la responsabilidad penal, pues se puede argüir la condición de edad del acusado.

Sobre las formalidades del acto del juicio oral, el diputado de La Habana, Ariel Mantecón Ramos, advirtió que la exigencia de que todos los participantes en el juicio deben usar ropas adecuadas, en tanto los magistrados, jueces, fiscales, acusadores particulares o privados, defensores, los abogados de las víctimas o perjudicados y el secretario actuante en el juicio oral vistan toga, se trata de un señalamiento más de orden reglamentario que procesal, y no excluyente de otros procedimientos jurídicos; criterio que fue tomado en cuenta para la revisión y propuesta final de la normativa.

Estamos en presencia de una ley superior a la vigente, una norma que permitirá una aplicación del derecho con mucha mayor flexibilidad y riqueza, comentó, por su parte, el diputado por el municipio holguinero de Sagua de Tánamo, Yusuam Palacios.

En su contenido, además, da respuesta a principios y garantías del debido proceso, que establece nuestra Carta Magna, así como al perfeccionamiento del sistema de justicia en todos sus ámbitos y estructuras, en pos de consolidar la seguridad jurídica y la protección de los derechos ciudadanos, agregó.

Otro de los temas analizados fue la determinación del plazo de la instrucción del expediente de fase preparatoria. Sobre ello, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, apuntó que este no debe exceder de 90 días a partir de la fecha de la resolución de inicio, y solo puede prorrogarse por el Fiscal General y a partir de la complejidad del asunto y respondiendo al sentido de racionalidad y de optimizar los procesos.

Uno de los rasgos distintivos de este proyecto de ley, afirmó el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, es que está profundamente permeado de un régimen de garantía al individuo, y al ejercicio de sus derechos, al tiempo que se logra un balance armónico entre la protección de los derechos individuales y los de defensa de la sociedad; lo cual se logra, a su juicio, implementando el control judicial de los actos y reforzando el papel de control de la Fiscalía.

En lo referido al empleo de técnicas especiales de investigación –que se incluyen en el cuerpo legal de esta normativa–, aclaró que las mismas están previstas en los tratados en vigor para la República de Cuba, y que internacionalmente se aplican a una gama de delitos que ponen en riesgo a la sociedad, en la búsqueda de una mayor efectividad en el enfrentamiento jurídico-penal a estos ilegales procederes.

PROYECTO DE LEY DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

Sobre este documento, el presidente del TSP puntualizó que la misma regula el proceso para el conocimiento de los tribunales de las pretensiones en relación con los actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la administración pública, y de otras entidades y personas en el ejercicio de la función administrativa.

Añadió que, por el rango y alcance de actuación de esta norma, tendrá un impacto sustancial en la vida institucional y en el régimen de derechos y garantías de las personas, así como la posibilidad de lograr ejercer de manera efectiva.

Esta propuesta de ley que, de aprobarse, reemplazaría a la vigente Ley No. 7 De procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, busca regular en una norma procesal independiente los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones contra las actuaciones u omisiones de la administración pública.

Como parte del intercambio con los diputados, precisó Remigio Ferro, se recibieron diez propuestas y fue aceptado el 60 %; en tanto, de las consideraciones que la población emitió, se aprobó el 33 %. «En resumen, se modificaron 54 artículos, cinco de ellos de forma sustancial, y el resto hace alusión a cuestiones de redacción y de una mejor comprensión del texto legal».

Las principales modificaciones, agregó, están relacionadas con ampliar algunos plazos y así dotar de mayores garantías a las personas. Asimismo, se esclarece que, como regla, las pruebas se practican de forma concertada en una sola audiencia.

Como ley judicial, explicó Remigio Ferro, la primera instancia frente a las reclamaciones es el Tribunal Provincial, y su equivalencia del Tribunal especial del municipio Isla de la Juventud.

«Si en el Tribunal Superior se impone una disposición que puede provocar un perjuicio, está establecido una segunda instancia a la que se acuda para dar la oportunidad de revisar la actuación, si la persona presenta reclamación», agregó.

De esta forma, se otorgan a los ciudadanos mayores posibilidades para defenderse, en sedes judiciales, de actuaciones o silencios de la administración, que consideren que han lesionado sus derechos.

La diputada Liliana Mengana, por Santiago de Cuba, se refirió a las pretensiones en relación con la protección del medioambiente y el daño ambiental, sobre lo cual Elba Rosa Pérez Montoya, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), aclaró que antes de la Tarea Vida, el país contaba con regulaciones sobre las disposiciones ambientales que se están trabajando, además de que se propone una actualización de la Ley del Medio Ambiente.

En este sentido, la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh agregó que existen programas establecidos para las problemáticas medioambientales, con procedimientos internos de cada organización.

Remigio Ferro recalcó que se está trabajando con este proyecto en la cultura de legalidad y derecho de estos temas medioambientales, un proceso en el que el Citma está  colaborando de manera constante.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP señaló que este proyecto es de significativa importancia en la vida de la nación.

 «Exige de la administración pública una revisión profunda de los procedimientos de trabajo con que la misma se desempeña y, al mismo tiempo, va a garantizar a los ciudadanos una vía más expedita para que estos defiendan sus derechos cuando consideren que han sido vulnerados por la actuación de la administración».

Agregó que va a implicar que muchas de las situaciones en las que hoy los ciudadanos –al carecer de esta norma– tienen que acudir al derecho de queja para presentar cualquier problemática o conflicto con la administración pública, ahora lo puedan debatir en sede judicial, con la correspondiente asesoría jurídica, como una forma más de garantía del ejercicio de sus derechos.

PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCESOS

Esta norma integrará los procedimientos para resolver las reclamaciones en las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social, y establecerá cuáles son los procedimientos cuando un ciudadano tiene un conflicto en estas materias y debe acudir al Tribunal.

A partir de las consideraciones recibidas, tanto del sector jurídico como de la población y los diputados, se modificaron 277 artículos del proyecto de Ley Código de Procesos, que propone reemplazar, en gran parte, a la vigente Ley No. 7, promulgada el 9 de agosto de 1977.

De los artículos modificados, 22 contienen cambios sustanciales y las otras propuestas hacen referencia a la redacción del documento.

Entre las principales reformas se encuentra la determinación de los plazos en aquellos artículos que lo dejaban al criterio prudencial del tribunal, salvo en situaciones que no resulta pertinente y la propia normativa lo determina así, puntualizó.

Se describen con mayor coherencia las conminaciones personales y económicas que pueden imponerse para hacer cumplir las decisiones judiciales; en tanto, se armonizan los preceptos del proyecto que guardan relación con contenidos previstos en el anteproyecto del Código de las Familias.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social apuntó al respecto que en la Ley 116 del Código de Trabajo se encuentra un grupo de organismos que aplican la separación del sector por la vía administrativa. Actualmente, y en consecuencia con la Constitución, se lleva a cabo un análisis, en el cual este proceso tendrá que ir a la vía del Tribunal, afirmó.

Ante esta inquietud, Homero Acosta, secretario de la ANPP, señaló que este es un proceso complejo, agregando que «considerar especializarlo en el Tribunal Provincial le da una mayor garantía y especialidad a este tipo de asunto, con implicaciones complejas, que no se puede recargar solo en las instancias municipales».

Agregó que también tiene una doble garantía, pues tanto la administración como la persona afectada por la decisión pueden acudir al Tribunal Supremo, por lo que, si fuera solo en el municipio, la decisión quedaría únicamente en la provincia y se disemina entre los tribunales municipales.

---A partir de esta semana, se vacunan los convalecientes de la COVID-19 que recibieron alta médica entre el 25 de julio y el 31 de agosto (+ Video)   

Con las personas que contrajeron el virus en septiembre se llevará a cabo un proceso similar en noviembre, una vez que cumplan el periodo requerido para vacunarse

Más de 300 000 convalecientes de la COVID-19 que pasaron la enfermedad entre el 25 de julio y el 31 de agosto recibirán, a partir de esta semana, la dosis única de la vacuna Soberana Plus –cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas–, una vez que ya cumplieron los dos meses establecidos de haber recibido el alta médica.

Al dar a conocer esta noticia en la habitual conferencia de prensa televisiva, la doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud, del Ministerio de Salud Pública (Minsap), recordó que, entre finales de septiembre y octubre, se les administró la vacuna a los convalecientes que enfermaron desde el comienzo de la pandemia en 2020 hasta julio del presente año.

Precisó que el proceso que inicia esta semana se realizará en los diferentes vacunatorios del país, en tanto que los convalecientes serán convocados a nivel de áreas de Salud para acudir a la inmunización con la dosis única.

Asimismo, aclaró que con las personas que contrajeron el virus en septiembre se llevará a cabo un proceso similar en noviembre, una vez que cumplan el periodo requerido para vacunarse.

Soberana Plus es un inmunógeno diseñado para reforzar una inmunidad prexistente, ya sea inducida por otra vacuna o de forma natural por el virus SARS-CoV-2. Recibió Autorizo de Uso de Emergencia en el esquema heterólogo con Soberana 02 y como dosis única en adultos convalecientes de la COVID-19.

¿CÓMO MARCHA LA ESTRATEGIA CUBANA DE VACUNACIÓN ANTI-COVID-19 AL CIERRE DE OCTUBRE?

El mes de octubre –casi a punto de finalizar– continúa siendo bien intenso en materia de vacunación, lo cual ha permitido que la totalidad de las personas vacunables en el país tengan al menos una primera dosis, resaltó María Elena Soto Entenza.

Subrayó al respecto que actualmente están inmersos en la administración de segundas y terceras dosis un grupo de territorios de la nación, sobre todo aquellos que se incorporaron en septiembre a la vacunación masiva, como son las provincias de Villa Clara, Holguín y Granma.

Por su parte, –agregó la directiva del Minsap– distritos como La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila o el Municipio Especial Isla de la Juventud, ya aplicaron esquema completo en la mayoría de su población, al ser los primeros territorios en incorporarse a la intervención sanitaria y posterior vacunación masiva.

El resto de las provincias fueron incorporándose de manera escalonada por municipios, por lo que en estos momentos aplican segundas y terceras dosis, reiteró.

Puntualizó Soto Entenza que también se continúa vacunando a los alérgicos al Tiomersal –tanto adultos como menores–, y a los adultos convalecientes de la COVID-19 (tal cual se informó al principio de la información).

Referente a la campaña masiva de vacunación pediátrica en niños y adolescentes de dos a 18 años, la especialista precisó que se está avanzando en las segundas dosis con este grupo etario, en tanto que ya se preparan las condiciones para administrar las terceras dosis desde principios de noviembre.

COMPLETAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN ES LO FUNDAMENTAL

Es un hito haber llegado al 100 % de la población vacunable con al menos una primera dosis, pero la población debe conocer que es fundamental completar el esquema de inmunización, recalcó la Jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap.

Al respecto, informó que se mantienen los vacunatorios centralizados en todos las provincias para la recuperación del esquema en aquellas personas que, por alguna razón, hayan perdido alguna dosis, o no pudieron vacunarse en el momento en que se convocaron.

«El esquema no se pierde. En el caso de Abdala tenemos hasta 26 días para administrar la dosis que sigue; y en el caso de Soberana hasta tres meses entre la primera y la segunda dosis, y seis meses entre la segunda y la tercera dosis», comunicó.

Acerca de lo que continuará en materia de vacunación anti-COVID-19 durante los próximos días y meses, María Elena Soto Entenza refirió que lo más inmediato es lograr que toda la población vacunable pueda terminar con su tercera dosis y así completar su esquema de protección.

Asimismo, anunció que más adelante se darán noticias del estudio de las dosis de refuerzo.

En tanto, los convalecientes de la pandemia, toda vez que cumplan los dos meses establecidos, se irán incorporando al proceso de inmunización.

Por último, la directiva del Minsap reiteró el llamado a la población a no confiarse por el hecho de estar vacunados porque el virus aún está circulando. «Hemos ido a un proceso de reapertura, de recomenzar la vida social y colectiva, y tenemos que hacerlo cumpliendo estrictamente las medidas higiénico-sanitarias que se han estado indicando por las autoridades», alertó.

 

---WhatsApp dejará de funcionar en varios teléfonos inteligentes a partir de noviembre    Según la lista publicada por la compañía, a partir del 1 de noviembre los dispositivos que funcionan con Android 4.0.3 o inferior y los iPhone con iOS 9 o anterior dejarán de recibir actualizaciones de seguridad y nuevas funciones, lo que hará que eventualmente el servicio de mensajería deje de funcionar en estos ’smartphones’. Entre los teléfonos que ya no serán compatibles con la aplicación figuran los iPhone SE y 6S, así como varios modelos de dispositivos Android como Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy SII, LG Optimus F7, LG Optimus F5, entre otros.(Con información de RT en Español)

 

---Condenan altas autoridades cubanas actividad subversiva de Embajada estadounidense en el país   

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, condenó hoy en Twitter la actividad de la Embajada de Estados Unidos para subvertir el orden interno en el país.

Díaz-Canel expresó que frente a esas conductas, la nación caribeña no quedará de brazos cruzados, y agregó: “Como en tantos años de lucha, tenemos la firme determinación de enfrentarlas y denunciarlas”.

En su mensaje, el mandatario citó además un reciente tuit del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, donde asegura que la misión estadounidense está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política.

Asimismo, el canciller calificó tal comportamiento de provocador y violatorio de la Convención de Viena.

“La Embajada de Estados Unidos está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política. Es un comportamiento provocador y violatorio de la Convención de Viena. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de la Embajada”, afirmó Rodríguez Parrilla.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que entró en vigor en abril de 1964, establece que los miembros de una misión diplomática en cualquier país deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de esa nación.