Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa siguen golpeando la conciencia del mundo

Roberto Pérez Betancourt 

Dicen que el tiempo lo borra todo. Pero los 43 jóvenes eufemísticamente llamados “desaparecidos” en México, víctimas en el “caso Ayotzinapa”, sigue siendo reclamados en la conciencia de los mexicanos y del mundo, que no olvidan las atrocidades cometidas por esbirros y militares venales, a pesar de haber transcurrido una década de aquel suceso que conmocionó cuando se supo que los estudiantes presuntamente habían sido víctimas letales de elementos sin escrúpulos, todavía sin identificar y, por supuesto, en libertad de seguir haciendo lo que les venga en ganas.

  La versión que en su momento dio el gobierno del entonces  presidente de México, Enrique Peña Nieto, en realidad fue  una cantinflada brutal, por sus variantes desinformativas, que  solo condujeron a agrandar la desconfianza de la justicia real en un país atenazado por la violencia y la corrupción.

   El resumen así lo demuestra tras la liberación de decenas de “chivos expiatorios”, presuntos responsables de hacer desaparecer sobre la faz de la tierra mexicana los cuerpos de los muchachos que, como en un cuento de hadas, siguen siendo reclamados vivos por sus familiares y amigos.

   El reto actual es empezar de cero las investigaciones en el mandato del presidente Andrés López Obrador.

 

Compromiso actual de hallar los restos mortales

 

  Transcurrido casi un año de la toma de posesión del nuevo  ejecutivo, este ha ratificado el compromiso de no cesar en la búsqueda de la verdad.

  Agencias de prensa reportan que ya comenzó la excavación  de un basurero inexplorado hasta ahora con el propósito de hallar allí los restos mortales de los que tomo el mundo sospecha fueron vilmente asesinados.

  Trascendió que la  ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que podrían obtenerse datos relevantes.

  “Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior gobierno mexicano, en la que se aseguró que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero, y sus restos esparcidos en un río cercano.

  El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, a diez minutos de Iguala, pero en dirección contraria a Cocula y en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores de los muchachos.

  Paralelamente, los mexicanos no han cesado en sus reclamos, no solo en territorio mexicano, sino también allí donde han emigrado. En desfiles y protestas donde exhiben pancartas con las imágenes de los estudiantes, los mexicanos continúan exigiendo justicia. 

Pronunciamientos de la Fiscalía mexicana 

  Observadores coinciden en afirmar que el gobierno de  López Obrador ha avanzado “en propiciar espacios de apertura”, como la comisión de la verdad creada en enero, para que personas clave en el momento de los ataques cuenten su historia, y la fiscalía ya ha abierto una investigación por presuntas responsabilidades penales del antiguo jefe de las pesquisas, Tomás Zerón, y otros investigadores aunque todavía no ha fincado ningún cargo contra ellos.

  La fiscalía  anunció en un comunicado que se había citado a declarar al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien fuera su secretario de seguridad pública, y el fiscal cuando ocurrieron los hechos y que lo harán la próxima semana. Todos ellos ya han declarado en la comisión de la verdad.

  Indicó también la fiscalía que posteriormente, “se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”, cuyos nombres  no mencionó, pero el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había anunciado recientemente la intención de que entre los investigados estuviera el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial luego desacreditada internacionalmente.

  Agencias noticiosas destacan  que los  abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos pero denunciaron que el ejército sigue todavía sin contestar más de un centenar de preguntas, ya que también hubo militares en los escenarios de los ataques a los estudiantes.

  Además de los 43 estudiantes desaparecidos, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en la serie de ataques coordinados en distintos puntos de Iguala que supusieron uno de los crímenes de mayor impacto de la historia reciente del país. 

Incumplidores deben responder ante la justicia 

Un despacho de la agencia Prensa Latina ratifica  que  La Fiscalía General de México informó  que presentará recursos y diligencias para responsabilizar a quienes hayan incumplido con sus funciones en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

La Fiscalía criticó la actuación del gobierno anterior que encubrió con la supuesta 'verdad histórica' la serie de recursos presentados por parte de familiares de los estudiantes, organismos internacionales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos de los cuales llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin resolver nada.
Otra degradación del irregular proceso lo constituyó una sentencia de amparo emitida el 31 de mayo de 2018 por un tribunal colegiado, en la que se ordenó reponer a policías locales y otros procesados presuntamente culpables que aseguraron fueron torturados para obtener sus confesiones de culpabilidad.
La Fiscalía considera que, además, deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados, y destacó las acciones que ha realizado respecto al caso, como la creación de una Comisión para la Verdad que ha desnudado las irregularidades encubiertas por 'la verdad histórica' bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Elogió el nombramiento de Omar Gómez Trejo como fiscal de la unidad especial para el caso, y señaló que el nuevo fiscal independiente y autónomo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos ha obtenido información de todos los procesos y gestiones ordenadas por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas.

  Hoy lo únicamente cierto  es que cinco años después de la evidente masacre, las conciencias mexicana y del mundo siguen reclamando que los culpables paguen por el genocidio, aunque no reaparezcan con vida los muchachos que pasarán a la historia como una de las páginas más horribles de la barbarie humana. (TVY)(Con informaciones de agencias y archivos del redactor9 (26/09/19).