Caso de Los Cinco: La justicia a nueva prueba
Roberto Pérez Betancourt
La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. tiene ante sí petición de examinar el caso de Los Cinco cubanos antiterroristas indebidamente juzgados y condenados en ese país.
El 30 de enero último, abogados de la defensa, encabezados por el experto Thomas C. Goldstein, presentaron el reclamo. Integran ese grupo los prestigiosos juristas Leonard Weinglass, Richard Klugh y Michael Krinsky, de larga trayectoria en este proceso.
Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, bajo el precepto de necesidad de defender a su Patria, cumplían la misión de informar sobre las actividades terroristas que se fraguaban en el sur de la Florida contra Cuba y los propios Estados Unidos, cuando fueron encarcelados allí en septiembre de 1998.
El proceso fue incoado y desarrollado en Miami, a pesar de que los abogados probaron la imposibilidad de obtener imparcialidad donde era evidente el chantaje político y económico de elementos mafiosos de origen cubano asentados y protegidos allí por el propio gobierno estadounidense.
Tras múltiples arbitrariedades, en diciembre de 2001 la jueza Joan Lenard dictó las más drásticas sentencias que encontró, sin basamento probatorio, como han resaltado destacados juristas internacionales, varios jueces de instancias de apelación y en 2005 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
René fue condenado a 15 años de prisión, Gerardo a dos cadenas perpetuas más 15 años, Ramón a cadena perpetua más 18 años, Fernando a 19 años de reclusión y Antonio a cadena perpetua más 10 años.
Desde entonces, en variadas apelaciones los defensores demostraron la falsedad de las imputaciones e intención premeditada de castigar sin apego a la ley, presentadas en instancias y plazos establecidos, pero hallaron fallos contradictorios.
Otro capítulo en la historia se abre ante la máxima instancia justiciera en EE.UU. con la petición de certiorari, la cual solicita que examine el caso sobre la base de una Ley Judicial del Congreso norteamericano que data de 1891, cuando le concedió a la Corte Suprema la autoridad y facultad para aceptar o rechazar la revisión de ciertos procesos.
De ser aceptado, la Corte Suprema instruiría a una Corte inferior para que certifique y eleve el expediente el cual deberá ser examinado por la más alta instancia judicial del país.
Mientras, valen las voces de protestas que se alzan en los cientos de comités de solidaridad con Cuba en más de 100 países, y el llamado reiterado por escritores, artistas, estudiantes, parlamentos, congresistas y varios gobernantes en todo el mundo. La movilización mundial a favor de la excarcelación de Los Cinco es hoy más importante que nunca antes.
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