Vigente la gran injusticia contra Los Cinco

 

Roberto Pérez Betancourt

 

   Nueve años después de la celebración  de las vistas de un juicio de imposible imparcialidad en Miami contra cinco cubanos luchadores antiterroristas, el tema recobra actualidad en el propio escenario y con idéntica jueza, que debe acatar la orden de reconsiderar las sentencias dictadas por ella contra tres de los falsamente inculpados.

   A pesar de que en su momento los abogados solicitaron reiteradamente el cambio de sede, tras argumentar la inviabilidad justiciera del distrito federal de Miami-Dade, donde predomina la influencia de la mafia anexionista  hospedada allí con la anuencia del gobierno de ese país, el proceso siguió adelante.

   Gerardo Hernández, René  González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, quienes en cumplimiento del precepto de necesidad de defender a su patria cumplían la misión de informar  sobre las actividades terroristas que se fraguaban en el sur de la Florida contra Cuba y los propios Estados Unidos, fueron encarcelados allí en septiembre de 1998.

   El proceso en contra de los detenidos, incoado en Miami, sesionó durante siete meses y en su momento fue estimado el más largo en EE.UU. Acumuló más de 800 documentos con  50 mil  páginas, donde aparecen exposiciones  de 74 testigos (43 por la Fiscalía y 31 por la Defensa), incluidos altos militares y asesores estadounidenses de seguridad nacional, entre otros personajes.

   La influencia ejercida por el ambiente hostil y la prensa local fue ampliamente comentada en círculos jurídicos y entre la población que se aprestaba a seguir aquel espectáculo.

   El tres de febrero  de 2000 abogados de la defensa presentaron mociones a la jueza Joan Lenard en las que argumentaron que las sesiones debían realizarse fuera del condado de Miami-Dade, ya que “es un núcleo básico del exilio cubano anticastrista” y por tanto no existen las condiciones idóneas par un juicio justo”.

   En aquella ocasión el diario  Nuevo Herald dijo: “Los defensores creen que aquí será extremadamente difícil encontrar suficientes personas que integren un jurado imparcial para el caso”.

   La propia jueza Lenard afirmó el 16 de marzo: “Este proceso será mucho más interesante que cualquier programa de televisión”.

   El 27 de julio, la Lenard decidió que el juicio se celebraría el cinco de septiembre en Miami (después sería aplazado), y no en Fort Lauderdale, como había solicitado el abogado defensor William Norris, quien alegaba la imposibilidad de un fallo justo en esa comunidad y lo  avaló con antecedentes jurídicos.

   Finalmente, en diciembre de 2001, la señora Lenard dictó sentencias, las más drásticas que encontró, sin basamentos probatorios, como hicieron notar destacados juristas internacionales y varios jueces de  instancias de apelación.

   René González  fue condenado a 15 años de prisión; Gerardo Hernández a dos cadenas perpetuas más 15 años; Ramón Labañino a cadena perpetua más 18 años; Fernando González a 19 años de reclusión y Antonio (Tony) Guerrero a cadena perpetua más 10 años.

   Tras recurrencias en instancias procedentes, de las que emanaron dictámenes contradictorios, el más reciente, del Onceno Distrito de Atlanta, estableció que la propia jueza Lenard debe   dictar nueva sentencia para   Ramón, Fernando y Tony, con vistas a decisiones y actuaciones que constan en el expediente.

   Aunque se trata de supuestos delitos no probados, lo cierto es que un jurado manipulado y prejuiciado los admitió en Miami cuando  emitió veredicto de culpabilidad, y según procedimientos no podrán ser impugnados en la nueva vista.

   Ahora, paradójicamente, la jueza, en el propio escenario, volverá a tener el poder de decidir las sentencias. Obviamente, los abogados de la defensa  exigirán que sean emitidas dentro del “marco legal establecido”. Como hizo notar el experto jurista cubano Rodolfo Dávalos, los nuevos dictámenes podrían volver a ser apelados.

   Para ese momento, al igual que para los recursos que sobre los Cinco en general se cursan ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el cual no está obligado a aceptar el caso, sigue siendo imprescindible la movilización internacional en  reclamo de libertad para  los inocentes,  castigados en prisión durante más de 10 años por su afán de librar a los demás del horror terrorista.