¿Paradojas o mala intención contra Los Cinco?

Por Roberto Pérez Betancourt

Marcada intención de dañar sin fundamentos legales, mostrada por el gobierno de EE.UU. a través de la Fiscalía, ligada a erráticas actuaciones de miembros  del Poder Judicial de ese país, revela coincidencias políticas para manipular la Ley,   aplicar sanciones extremas y prolongar la inmerecida cárcel de Los Cinco cubanos luchadores antiterroristas.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, fueron apresados por el Buró Federal de Investigaciones  el  12 de septiembre de 1998 en Miami, donde  monitoreaban   organizaciones terroristas para prevenir a la Isla sobre  actos vandálicos, en ejercicio del derecho de necesidad de proteger a su país, reconocido por la Ley.

Los Cinco fueron sometidos a un amañado juicio, sin garantías procesales,  en la propia Miami, en un clima de hostilidad extrema, a partir del 27 de noviembre de 2000. El 8 de junio de 2001, un jurado  declaró culpables a los acusados de un conjunto de 26 cargos inverosímiles.

Tras un prolongado proceso apelativo - extendido por maniobras leguleyas de la Fiscalía a nombre del gobierno de George W. Bush --, el 4 de junio último  tres jueces de  apelaciones de Atlanta  ratificaron las sentencias de los Cinco, retornaron al mismo tribunal de Miami los casos de Ramón  (ocho cadenas perpetuas más 18 años), Fernando  (19 años) y Antonio  (cadena perpetua más 10 años).

La decisión reafirmó  las sentencias contra René González (15 años) y Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15 años).

Para imparciales expertos en jurisprudencia y periodistas de diversas regiones del mundo, que han seguido desde el inicio este proceso, plagado de arbitrariedades reconocidas por prestigiosas entidades internacionales, las paradojas que se aprecian en relación con otros casos subrayan la mala intención política del gobierno contra Los Cinco.

Especialmente esa situación se pone de manifiesto en las desproporcionadas sentencias impuestas los cubanos, sin pruebas que las amparen, mientras por cargos semejantes, probados  según los expedientes judiciales,  les fueron aplicadas sanciones muy inferiores a otras personas.

Tales son los hechos en relación con  espías que  trabajaron durante años para  administraciones estadounidenses, quienes luego de apresados y juzgados recibieron discretos dictámenes  en relación con  los enunciados contra  los isleños,  aunque estos nunca cometieron  el delito de espionaje, conforme a su descripción en derecho.

Recientemente, José Padilla un puertorriqueño acusado de secuestro y colaboración con Al Qaeda,  fue sancionado a 17 años y cuatro meses, luego de juzgarlo en la corte del distrito sur de la Florida, la misma que impuso cadena perpetua al cubano Gerardo por conspirar para cometer asesinato sin haberle encontrado ni un papel en su poder para probar ese cargo.

En junio de  2007 un señor de apellido Aragoncillo,  al parecer de             origen filipino, quien había sido  oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU., asignado a las oficinas del             vicepresidente Richard Cheney, se apoderó al menos de 733 documentos secretos, según acta oficial, y tras juzgarlo lo condenaron a solo 10 años de privación de libertad.

Es la misma persona que antes estuvo vinculada al despacho del ex vicepresidente  Albert Gore,  luego de salir de la Casa Blanca, Aragoncillo  se vinculo al FBI en Nueva Jersey, donde fue descubierto mientras realizaba espionaje sustantivo.

Sin embargo,  sin un solo papel de prueba, a Los Cinco les plantearon  el cargo de “conspiración para cometer espionaje” sobre la base de una indebida aplicación de la Ley para la Protección de Información Clasificada (CIPA), aunque altos  funcionarios reconocieron en el juicio  primario que en realidad nunca  existió espionaje.

Y es así, no porque lo digan los jueces de la defensa, sino porque la propia Ley tipifica el delito de espionaje  solo cuando en la actuación de los inculpados haya estado presente el propósito  de  obtener información sobre la defensa, la seguridad o los intereses del gobierno de los Estados Unidos.

Como se conoce ampliamente, ninguna de esas intenciones figuraba en el quehacer de Los Cinco en Estados Unidos, quienes  solo se ocupan  en observar e informar para prevenir sobre las actividades los grupos terroristas que desde la Florida actúan contra Cuba, e implícitamente contra los propios Estados Unidos.

El quehacer de la Fiscalía estadounidense pasará a la historia como un hecho vergonzante del  sistema judicial de su país, tras haber convencido al jurado para que propiciara la condena de Los Cinco a   penas que en conjunto suman cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión, y después prolongar el proceso apelativo, consciente de que falta a la verdad y a la justicia.