Burlas cotidianas en nombre de la democracia

Roberto Pérez Betancourt

¿Derechos humanos en EE.UU.? (II)

 

   Cada día del año, el gobierno de George W. Bush se burla de la población de Estados Unidos y en nombre de una presunta democracia viola elementales derechos económicos, sociales, culturales y de la propia vida de sus ciudadanos.

   Expresión de esa realidad  es la estadística del norteño Buró de Censos, afirmativa de que la tasa oficial de pobreza en 2006 fue 12,3 por ciento: 36,5 millones de personas, casi una de cada ocho.

   Paradójicamente, se amplía la brecha entre ricos y pobres. Uno por ciento de la población más rica recibió el 21,2 por ciento de los ingresos totales de Estados Unidos en 2005, mientras   50 por ciento de la mitad más pobre solo obtenía 12,8 por ciento de los valores creados, según la agencia Reuters el 12 de octubre de 2007.

   La desigualdad se acentúa cada vez más en esa sociedad: Los ejecutivos de grandes empresas ganaron un promedio anual superior a  10 millones de dólares en 2006, que representan 364 veces más que el de los trabajadores ordinarios.

   En otros términos, un ejecutivo percibe en un día lo que un trabajador en todo un año de dura faena.

   ¿Cómo se puede hacer creer que esa realidad se corresponde con el respeto a los derechos humanos?

   El panorama de deterioro social lleva a las personas  agobiadas por el sistema a escapar   por la puerta falsa del suicidio.

   Según el último  informe del gobierno, creció en 20 por ciento la tasa de los estadounidenses, entre 45 y 54 años de edad, que se quitaron la vida de 1999 a 2004, la más alta en 25 años, reportó AP el 14 de diciembre de 2007.

   Datos oficiales afirman que  35,52 millones de norteamericanos --entre los que se incluye 12,63 millones de niños--, padecieron hambre en 2006, y cerca de 11 millones más “vivieron en condiciones de seguridad alimentaria muy baja”, reportó Reuters el 15 de noviembre de 2007.

   Mientras eso sucedía, el gobierno de W. Bush gastaba cifras increíbles en guerras de agresión contra Afganistán e Iraq.

   Estimados afirman que en EE.UU., 750 mil personas carecen de hogar,  incluidos unos 50 mil soldados retirados que habitan en California. Un tercio de quienes viven en las calles padece enfermedades crónicas y su esperanza de vida fluctúa entre 42 y 52 años, mientras 47 millones no disfrutan de seguro médico, en el país teóricamente más rico del planeta.

   Una organización de familias declaró que cerca de 90 millones de personas menores de 65 años no poseían protección de salud entre 2006 y 2007, cifra equivalente al 34,7 por ciento de la población de ese rango de edad. Ese último año las primas de seguro  se elevaron  7,7 por ciento.

   Mediante leyes dictadas bajo el pretexto de “seguridad nacional” y el seudo combate al terrorismo, se han ido restringiendo las libertades civiles de los norteamericanos, y el gobierno    ha elevado la represión   brutal contra  inmigrantes.

   Se estableció el espionaje oficial de las conversaciones y del mail.ain.cu electrónico a quienes son tildados como

“sospechosos de terrorismo”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) obtuvo datos personales de 52 mil individuos sin  orden judicial.

   En agosto de 2007, Mike McConnell, director norteamericano de Inteligencia Nacional, admitió que personas dentro y fuera de su país son supervisadas gracias a la llamada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

   A fin de captar y utilizar información personal -violatoria del derecho de privacidad-,  el FBI destinaría mil millones de  dólares para construir la mayor base digital de datos sobre características físicas de personas en el mundo,  proyecto que le daría al gobierno posibilidades sin precedentes.

   Otras prácticas usuales son la violación de bases de datos del gobierno y entidades, el robo de archivos, así como la instalación  de cámaras de video y otros sistemas de vigilancia en vías públicas, financiadas con presupuestos multimillonarios.

   También se aprecia la restricción creciente del derecho de sindicalización de los trabajadores estadounidenses. Solo en 2006 disminuyó en 326 mil el número de miembros de sindicatos.

   El dinero preside toda acción política en EE.UU. En la campaña electoral de 2004 se gastaron 693 millones de dólares. Estimados para la actual rondan los  mil millones. Pero la especializada revista Fortune calcula que llegará a tres mil millones.

   Es usual que las grandes compañías de USA contribuyan con altas cifras monetarias   a las campañas electorales de políticos, de uno u otro partido, con el fin de asegurarse influencias a su favor por parte de quienes lleguen al poder, práctica que  pone en tela de juicio la limpieza y la honradez de los participantes en tan raro proceso ¿democrático? (Continuará)

     Fuente utilizada: Reporte de la Oficina de Información de la República Popular China sobre los derechos humanos en Estados Unidos, en 2007.