Gobierno de EE.UU. "se pasa con ficha" en caso de Posada Carriles

 

Por Roberto Pérez Betancourt

 

El gobierno de George W. Bush sigue haciendo trampas en el caso del criminal Luis Posada Carriles, y en una especie  de dominó leguleyo “se pasa con ficha” para no admitir oficialmente  lo que todo el mundo sabe: es un terrorista  internacional, viejo  empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, que debe ser juzgado como asesino.

En el colmo del cinismo, el Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano intentó evadir la responsabilidad  al afirmar el miércoles último que no tiene que justificar la detención de Posada Carriles, porque este se encuentra bajo custodia de otra agencia, por diferente caso.

La declaración  responde a una disposición  del juez federal Philip Martínez, quien ordenó  en noviembre de 2006  que el DSI certificara antes del primero de febrero de 2007 que la detención de Posada Carriles, acusado entonces solo de entrada ilegal a EE.UU.,  respondía a  seguridad nacional, o en su lugar quedaría en libertad.

Posada fue arrestado el 17 de mayo de 2005. Un dictamen del Tribunal Supremo  prohíbe  la retención indefinida de extranjeros con orden de deportación,  como en el caso del terrorista, que ostenta ciudadanía venezolana por naturalización,

Mediante la referida estratagema dilatoria, el DSI se sacude  la responsabilidad de acceder a la petición de habeas corpus presentada por los abogados de Posada para  ponerlo en libertad, pero a la vez sigue amparando al terrorista al no reconocerlo como tal y  evitar que  sea extraditado a Venezuela o juzgado en Estados Unidos por sus más graves delitos.

Expertos en derecho se asombran de la pueril alegación del DSI cuando argumenta que Posada Carriles dejó de estar bajo su jurisdicción al  ser encausado por el Departamento de Justicia estadounidense, el 11 de  enero de este año, con siete cargos penales por fraude migratorio y falso testimonio, por lo que en teoría podría recibir hasta 40 años de prisión.

Lo cierto es que el gobierno norteamericano continúa evitando calificar a Posada Carriles como lo que la prensa y la opinión pública internacional saben que es: asesino con numerosas causas pendientes, entre ellas la de haber participado como autor intelectual en el sabotaje a una nave de Cubana de Aviación en 1976, que cobró 73 víctimas inocentes.

Por ese delito Posada Carriles cumplía prisión en Venezuela cuando se fugó de ese país en complicidad con elementos anticubanos radicados en Miami.

El gobierno venezolano solicitó formalmente la extradición del terrorista para juzgarlo por el citado sabotaje y por muchos otros cargos criminales que pesan sobre él, atendiendo a la vigencia del tratado de extradición firmado con EE.UU., pero la Administración de George W. Bush se empecina en amparar al delincuente.

Es obvio que Washington teme a las revelaciones que podría hacer Posada Carriles en un juicio por actividades terroristas, ya que él fue oficial de la CIA y ejecutó torturas, asesinatos,  sabotajes y otras tareas enmarcadas en la “guerra sucia” para desestabilizar gobiernos legítimos.

El siguiente capítulo de esta historia debe ventilarse en mayo durante una audienca que conocerá la solicitud de fianza para Posada Carriles.

En el laberinto de rejuegos leguleyos no se descarta la intención oficial de volverle a abrirle  al criminal una puerta de escape a la justicia, como antes sucedió en Venezuela y en Panamá, pero  no se debe olvidar que  cada nueva trampa descubierta de la Administración de W. Bush,  hunde su cada vez más endeble credibilidad en el estercolero público.